El Gobierno nacional reunió por primera vez en el año a sus principales estrategas para inaugurar la mesa política del 2026 y puso en el centro de la agenda el proyecto reforma laboral, iniciativa que concentrará en las próximas semanas el núcleo de las negociaciones políticas del oficialismo.

El encuentro se extendió por algo más de dos horas y estuvo presidido por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su despacho de la planta baja de la Casa de Gobierno. La mesa estuvo integrada además por el asesor presidencial Santiago Caputo; la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el secretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

La principal novedad fue la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo. El titular del Palacio de Hacienda suele participar solo en ocasiones puntuales y cuando la coyuntura lo amerita, y este pareció ser uno de esos casos.

La reforma laboral contiene apartados con impacto directo en variables económicas sensibles, como la recaudación tributaria. En particular, la baja de ciertos tramos del impuesto a las Ganancias para las sociedades implicaría una reducción de la recaudación, con efectos directos sobre los fondos coparticipables. Este punto es seguido de cerca por distintos gobernadores, que ya hicieron saber a integrantes de la mesa chica que estarían dispuestos a acompañar el proyecto, aunque con concesiones en ese aspecto, consignó Infobae.

Caputo participó durante la primera mitad de la reunión, enfocándose principalmente en esa cuestión, y fue el primero en retirarse. El resto de los funcionarios continuó analizando la misma agenda y otras medidas que no fueron reveladas a la prensa. La mesa política fue creada para debatir asuntos y líneas de acción en estricta confidencialidad, por lo que suele trascender poco de esos encuentros.

Reunión de la mesa política en Casa Rosada

Uno de los participantes señaló que se trató de una reunión “muy amena” y confirmó que la reforma laboral fue uno de los temas centrales del debate. Según pudo reconstruir a partir de tres fuentes que participaron del encuentro, en el Gobierno todavía no existe un consenso pleno sobre cómo encarar las negociaciones en los próximos días. Mientras algunos sectores consideran que la Casa Rosada tiene margen para atender los reclamos de las provincias, otros plantean una postura más intransigente.

En ese contexto, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, le solicitó ayer al ministro Santilli que evalúe el pedido de varias provincias para que, solo durante 2026, el Estado Nacional absorba la merma en la coparticipación que generará la baja de la recaudación de Ganancias para las sociedades. Los mandatarios provinciales sostienen que se trataría de un gesto de compensación por el ajuste aplicado por la Casa Rosada en los últimos dos años y se comprometen a retomar sus obligaciones a partir de 2027.

Sin embargo, un importante integrante del Gobierno afirmó que trabajará para no ceder en ese punto. “Lo que ellos pierden por recaudación, lo van a terminar ganando por generación de empleo y crecimiento económico”, aseguró.

En la misma línea se expresó Santilli durante una conferencia de prensa posterior a su encuentro con Cornejo. “Es verdad que hay un 0,15% que impactaría en las provincias en 2027 por la modernización laboral y la baja de impuestos. Pero cada 400.000 trabajadores formalizados, recuperás ese 0,15%”, sostuvo.

No obstante, al finalizar la reunión, otra fuente calificada del oficialismo expresó una mirada diferente sobre la postura frente a los gobernadores. Señaló que “no hay que adelantarse” y que resulta “muy apresurado” fijar definiciones contundentes sobre la estrategia libertaria.

Una de las principales justificaciones del Gobierno para impulsar esta nueva legislación es el alto nivel de informalidad laboral. Según datos oficiales, la informalidad alcanzó el 43,2% en el segundo trimestre de 2025. El sector más afectado es el de los jóvenes de hasta 29 años, donde casi seis de cada diez personas no cuentan con empleo registrado.

Desde el oficialismo también sostienen que la aprobación de la Modernización Laboral es una señal clave para los mercados, que la interpretan como un indicador de si la economía avanza hacia un sendero de reformas estructurales con potencial para dinamizar la actividad.