El reciente aumento aplicado al plan complementario del Subsidio de Salud de Tucumán (Ipsst) abrió un nuevo frente de conflicto entre la intervención del organismo y los gremios que representan a los trabajadores estatales. Mientras las autoridades del Instituto argumentan que la actualización es necesaria para sostener prestaciones de alta complejidad y adecuar valores que estaban “atrasados desde 2004”, los sindicatos denuncian un golpe directo al salario y reclaman la inmediata marcha atrás de la medida.

La interventora del Subsidio de Salud, la doctora Elena Hurtado, explicó que el plan complementario fue creado hace más de dos décadas con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios y ampliar coberturas que el plan básico no alcanzaba. 

“La salud ha tenido permanentemente innovaciones, mejoró la tecnología, mejoró la medicina, y todos esos costos también han ido aumentando”, señaló. En ese sentido, sostuvo que el plan “había quedado un poco en el tiempo” y que la actualización apunta a “mantener esa calidad de atención”.

Hurtado remarcó que el instituto nunca dejó de brindar este tipo de prestaciones y aseguró que la actualización busca garantizar la sustentabilidad del sistema. “Necesitamos asegurarles a los afiliados que esto va a permitir llegar a tener las mismas prestaciones que son costosas”, afirmó. 

Además, precisó que el plan complementario es abonado por el titular y cubre a su grupo familiar, mientras que en el caso de adherentes que no forman parte de ese grupo, el afiliado paga solo el 50% del valor. También anticipó mejoras en algunas coberturas, como las prótesis de cadera, con la intención de avanzar hacia una cobertura del 100%.

Frente a las quejas por la falta de aviso previo, la interventora aclaró que la resolución contempla la posibilidad de renunciar al plan en cualquier momento. “Es muy importante aclarar que pueden renunciar. Esa modificación también está escrita en la resolución”, sostuvo. Sin embargo, advirtió que esa decisión implica quedar excluido durante un año de las prestaciones de alta complejidad. “Si necesita una derivación a Buenos Aires, un avión sanitario, una neurocirugía o una cirugía cardíaca, ese plan complementario hoy lo cubre”, explicó.

Por su parte, el nuevo subinterventor del Ipsst, Lucas González, sostuvo que el plan complementario “es algo voluntario” y que la adecuación apunta a darle equidad al sistema. “Las personas que tienen menores ingresos no van a pagar mucho más. La adecuación implica alrededor de $14.000 para el titular y todo el grupo familiar”, precisó. Con el objetivo de sostener el acceso a la salud, el Ipsst definió un esquema de contribución diferenciado que prioriza a los afiliados con menores niveles salariales y a los jubilados. Esta modalidad, explicaron, permite acceder a las mismas prestaciones y servicios mediante un aporte inferior al valor real de dichas coberturas, en línea con el principio de solidaridad que rige al sistema.

Desde el arco gremial, las críticas fueron contundentes. La secretaria adjunta de Sitas, Adriana Bueno, sostuvo que el sindicato se opone de plano a la actualización del plan complementario. “Hay que mejorar los salarios para mejorar los ingresos del Subsidio de Salud y no seguir ahogando al trabajador”, afirmó. Además, cuestionó la falta de precisión sobre las prestaciones incluidas en el plan. “Nunca está claro qué es lo que cubre y qué no cubre esa supuesta alta complejidad”, expresó, y rechazó el argumento de la renuncia como alternativa: “no es la solución amenazarnos con que podés renunciar o con que ahora van a ver si dan una prótesis de cadera”. En la misma línea, el secretario general de Sitas, Julián Nassif, profundizó las críticas y enumeró una serie de deficiencia: “¿Cómo puede ser que, a pesar de que cada trabajador de la salud aporta mensualmente el 4,5% de su sueldo bruto y, además, paga el plan complementario, la prestación esté llena de deficiencias?”, sostuvo. Entre los principales reclamos mencionó coseguros elevados, prácticas no reconocidas que deben abonarse de manera particular, restricciones en el acceso a medicamentos y largas demoras en la provisión de tratamientos.

El gremio docente ATEP también expresó un fuerte rechazo a la medida mediante un comunicado en el que calificó el aumento como “inaceptable”, “inconsulto” e “insensible” A su vez, el secretario general del sindicato, Hugo Brito, junto con representantes de AMET, presentó una nota formal ante la interventora en la que advirtieron que la medida “afecta de manera grosera el menguado poder adquisitivo del salario docente” y solicitaron que, mediante una boleta adicional, se devuelvan los montos ya descontados en los haberes correspondientes al mes de enero.

El representante gremial de UPCN, Francisco Osorio, advirtió que el aumento tendrá un impacto directo sobre el salario de los trabajadores estatales. Según indicó, existe un reclamo generalizado en comunas, áreas administrativas y sectores auxiliares, donde gran parte de los empleados tiene comprometido entre el 80% y el 90% de sus ingresos en deudas: “Si hubiese un salario bueno, el trabajador no tendría problema de pagar lo que corresponde dentro de la obra social”.

Por su parte, el secretario general de la Asociación de Médicos Empleados (AME), José Gerban, también expresó su rechazo. “Mientras los trabajadores médicos seguimos peleando para que el salario no pierda frente a la inflación, nos encontramos con un nuevo mazazo que golpea directamente el sueldo neto”, señaló. Gerban advirtió que el plan complementario “no es un lujo”, sino la garantía de acceso a la alta complejidad, y cuestionó que el aumento no se vea reflejado en mejoras concretas del servicio.

Finalmente, la secretaria general de Apemys, Isabel Ruiz, consideró “abusivo” el incremento y remarcó que fue dispuesto de manera inconsulta. “Los últimos incrementos salariales otorgados no tienen relación con el aumento que autodeterminó el Subsidio de Salud aplicar a todos los trabajadores”, sostuvo.