La Justicia federal rechazó un hábeas corpus preventivo presentado contra el DNU 941/2025, mediante el cual el Gobierno nacional amplió las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y reformuló el sistema de inteligencia argentino.

La resolución fue dictada por el juez federal de Paraná, Daniel Alonso, quien consideró que el planteo no acreditó la existencia de una amenaza actual o inminente que justifique la intervención judicial en el marco de este tipo de acción constitucional.

Por qué la Justicia rechazó el hábeas corpus

El recurso había sido impulsado por los abogados Rubén Alberto Pagliotto, Raymundo Arturo Kisser y Armando Rafael Aquino Britos, quienes cuestionaron el alcance del decreto firmado por el presidente Javier Milei el 31 de diciembre de 2025.

Sin embargo, en su fallo, el magistrado sostuvo que del análisis del escrito presentado no surge, ni siquiera de manera indiciaria, una afectación concreta a la libertad ambulatoria, ni una vulneración inmediata de garantías constitucionales.

“No se infiere la existencia de limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria, ni un atentado decidido y en próxima vía de ejecución”, afirmó Alonso en la resolución, al tiempo que remarcó que no se configuran los supuestos de procedencia del hábeas corpus preventivo.

Apelación y cuestionamientos al decreto

Pese al rechazo judicial, los impulsores de la acción anticiparon que apelarán la decisión. En declaraciones públicas, sostuvieron que el solo hecho de que el DNU habilite detenciones por parte de agentes de inteligencia sin orden judicial constituye, a su criterio, un peligro concreto, real y potencial.

En ese sentido, calificaron la norma como “repugnantemente inconstitucional y anticonvencional”, al entender que vulnera principios básicos como el debido proceso y el control judicial de las detenciones.

Qué establece el DNU 941/2025 sobre la SIDE

El decreto presidencial introduce cambios estructurales en el sistema de inteligencia, reforzando el rol de la SIDE y colocándola como órgano rector y coordinador del conjunto de agencias del área.

Entre los puntos más controvertidos, el DNU habilita a los agentes de inteligencia a detener o aprehender personas en el marco de sus actividades, incluso sin orden judicial previa en casos de flagrancia. La medida generó críticas por tratarse de personal que no integra las fuerzas de seguridad tradicionales y que podría actuar sin control judicial inmediato.

Además, el decreto establece que todas las operaciones del sistema de inteligencia tendrán carácter encubierto, lo que, según especialistas y sectores opositores, dificulta los mecanismos de control externo y aumenta la opacidad en el ejercicio de estas facultades.

Centralización del sistema de inteligencia

Con el nuevo esquema, la SIDE pasa a coordinar organismos clave como la Agencia Nacional de Contrainteligencia y la Agencia Federal de Ciberinteligencia, consolidando una fuerte centralización del poder bajo conducción política directa.

Desde diciembre de 2025, la Secretaría de Inteligencia es encabezada por Cristian Aguarda, quien reemplazó a Sergio Neiffert. El decreto ya acumula numerosos amparos judiciales en distintos puntos del país, aunque hasta el momento ninguno fue tratado de fondo durante la feria judicial de enero.

El debate sobre la constitucionalidad del DNU y los límites del accionar de los organismos de inteligencia promete trasladarse ahora a las instancias superiores de la Justicia.