El legislador Jose Cano instó al Poder Ejecutivo (PE) a dictar de manera inmediata la reglamentación de la Ley 9790, sancionada el 28 de agosto de 2024 y publicada en el Boletín Oficial el 10 de septiembre de ese mismo año.

Esta normativa surgió de una iniciativa donde el Ejecutivo insistió en la necesidad de modernizar el Estado, propuesta que fue acompañada por un proyecto de ley impulsado por el legislador Cano. Sin embargo, tras más de un año de inacción, la transición hacia un modelo digital permanece paralizada, dejando a los tucumanos rehenes de una estructura policial vieja que ya ha sido superada por los avances tecnológicos e las sociedades modernas.

Sobre esta contradicción, Cano expresó: "Es preocupante que el Estado impulse y proclame un discurso de modernidad pero luego continúe aferrado a un registro de antecedentes vetusto que no condice con la normativa ni con la digitalización de un Estado moderno. Prometieron un Gobierno eficiente y cercano a la comunidad, pero hoy la gente sigue haciendo filas interminables porque el Ejecutivo no reglamenta la ley. La digitalización debe ser una realidad que facilite la vida desde cualquier lugar, no un eslogan que choca contra la burocracia de siempre".

La normativa establece que el registro debe nutrirse de la información de los demás organismos del Estado para dar celeridad al trámite y establece sanciones en caso de incumplimiento.

El hecho de que la ley siga siendo solo un papel sin reglamentar impide que estos mecanismos funcionen, postergando la agilidad y la transparencia por la que tanto se insistió originalmente. Esto demuestra una gestión que se proclama moderna en los papeles, pero que en la realidad sigue alejándose de las necesidades de la sociedad con un sistema de antecedentes obsoleto.

Por último, el proyecto de resolución exige la implementación urgente del artículo 15 de la norma, referido a la creación de la Página Web Oficial para la tramitación y el pago online.

"Actualmente no hay claridad para la rápida gestión de un certificado de antecedentes y se obliga a una presencialidad innecesaria. La reglamentación inmediata es el único camino para que el Registro Provincial de Antecedentes Personales deje de ser una deuda pendiente y se transforme en un servicio real que verdaderamente acerque el Estado a la gente", finalizó el parlamentario.