La Cámara de Diputados de la Nación marcó un punto de inflexión en la política criminal del país al otorgar media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil. Con 149 votos afirmativos y 100 negativos, el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo busca jubilar una normativa que data de 1980, proponiendo un sistema que combina el endurecimiento en la edad de castigo "con una modernización total de los procesos judiciales".

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El texto, que ahora espera su turno en el Senado, deroga las leyes 22.278 y 22.803 para dar paso a un paradigma donde el adolescente deja de ser un "objeto de protección" para convertirse en un "sujeto de derecho" responsable ante la ley. A continuación, desglosamos las diez claves que definen esta ambiciosa reforma.

Las 10 claves de la nueva Ley Penal Juvenil

1. ¿A qué edad comenzará la responsabilidad penal?

Es el eje central y el más debatido. El nuevo régimen establece la punibilidad a partir de los 14 años. Hasta hoy, los menores de 16 eran considerados inimputables y quedaban fuera de cualquier proceso penal condenatorio. Con este cambio, adolescentes de 14 y 15 años podrán ser juzgados y sancionados por el Estado.

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2. ¿Cómo se garantiza un proceso justo frente al antiguo modelo?

Se elimina el modelo donde el juez decidía sobre la vida del menor de forma discrecional. El proyecto garantiza un proceso penal acusatorio: el adolescente tendrá derecho a una investigación fiscal, producción de pruebas, derecho a la defensa desde el primer minuto y una sentencia fundada, tal como ocurre en el sistema de adultos pero con garantías especializadas.

3. ¿Cuál será el tiempo máximo que un menor podrá estar en prisión?

Para equilibrar la punibilidad con la capacidad de reinserción, se fija un tope máximo de 15 años de prisión. Incluso en casos donde la acumulación de delitos (concurso real) superaría esa cifra en un adulto, para los menores de 18 años el techo será inamovible.

4. ¿Se podrán aplicar penas de prisión perpetua?

El proyecto se ajusta a los estándares internacionales de derechos humanos y prohíbe expresamente la prisión y la reclusión perpetua para menores de edad. Ningún joven podrá ser condenado a una pena sin final, asegurando que el sistema siempre apunte a devolver al individuo a la sociedad tras cumplir su condena.

5. ¿Qué alternativas existen antes de llegar al encierro?

La prisión será la última instancia. Para delitos con penas de hasta 3 años, o hasta 10 años si no hubo violencia física, muerte o si fueron hechos culposos, el juez podrá aplicar:

Prestación de servicios a la comunidad.

Prohibición de concurrir a ciertos lugares o salir del país.

Uso de tobilleras electrónicas para monitoreo domiciliario.

6. ¿Deben los padres responder por los actos de sus hijos?

Una de las novedades más polémicas es que los progenitores serán civilmente responsables por los daños y perjuicios derivados de los delitos cometidos por sus hijos. Esto busca involucrar directamente al núcleo familiar en la conducta y reparación del daño causado por el adolescente.

7. ¿Dónde serán alojados los jóvenes condenados?

Queda estrictamente prohibido que los jóvenes compartan lugares de detención con mayores de edad. Las penas se cumplirán en institutos especializados, centros abiertos o secciones separadas dentro de establecimientos penitenciarios, siempre garantizando una infraestructura acorde a su etapa de desarrollo.

8. ¿Quién controlará el cumplimiento de las penas y la conducta?

Se crea un cuerpo de profesionales encargados del seguimiento, asistencia y control del imputado. El supervisor no solo vigilará el cumplimiento de las penas, sino que será el nexo para asegurar que el joven acceda a educación y programas de salud, reportando periódicamente al tribunal.

9. ¿Es posible evitar el juicio mediante un acuerdo?

Se habilita la resolución de conflictos a través de la mediación en delitos que no superen los 6 años de pena máxima. Un requisito indispensable es el consentimiento de la víctima. Si se llega a un acuerdo de reparación y el joven lo cumple, la acción penal puede extinguirse sin necesidad de condena.

10. ¿Cómo se financiará la implementación de este nuevo sistema?

La ley contempla una inversión de $23.739.155.303,08 para su primer año. La mayor parte se destinará a la Defensoría General de la Nación para garantizar abogados especializados y a convenios con las provincias para adecuar los centros de detención y equipos interdisciplinarios.

11. ¿Cuáles son considerados delitos graves en el nuevo Régimen Penal Juvenil argentino y qué sanciones específicas contempla el proyecto para estos casos?

En el marco del nuevo Régimen Penal Juvenil con media sanción, se consideran delitos graves aquellos que atentan directamente contra la vida, la libertad y la integridad física de las personas. Bajo esta categoría entran el homicidio doloso, el secuestro extorsivo, los delitos contra la integridad sexual y el robo con armas de fuego aptas para el disparo. Para estos casos, el proyecto establece que la privación de la libertad es la respuesta estatal prioritaria, permitiendo penas de hasta 15 años de prisión, aunque manteniendo escalas reducidas según la edad del menor (14 o 15 años) y garantizando que el cumplimiento de la condena se realice en establecimientos especializados, separados de la población penal adulta.