El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, encabezado por Ricardo Gil Lavedra, solicitó formalmente la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores en la situación judicial de Agostina Páez. La letrada argentina se encuentra retenida en Brasil tras haber sido acusada de realizar gestos racistas, un proceso que sus colegas consideraron marcado por medidas "desproporcionadas".
A través de una nota enviada al Palacio San Martín, Gil Lavedra reclamó gestiones consulares que garanticen los derechos fundamentales de Páez. “Las restricciones y medidas cautelares impuestas lucen desproporcionadas. Es posible seguir adelante con el proceso permitiendo que la joven retorne al país”, señaló.
El pedido contó con el respaldo de Luis Alberto Miguel, presidente del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, provincia donde Páez está matriculada. Ambos dirigentes enviaron también una misiva a la Orden de Abogados de Brasil (Río de Janeiro), apelando al respeto por el debido proceso y la igualdad ante la ley.
"Siento que me están usando de ejemplo"
Tras haberse reunido con el cónsul general Jorge Enrique Perré en Río de Janeiro, la abogada de 29 años se presentó ante la justicia para ratificar que se encuentra a derecho.
En diálogo con la prensa, Páez manifestó su angustia por estos momentos. “No tuve intención de discriminar, fue una reacción emocional. Nunca imaginé la gravedad de lo que vendría después: no puedo salir a la calle por miedo y tuve que mudarme porque se filtró mi dirección”, advirtió.
La joven denunció un ensañamiento por parte de las autoridades brasileñas. “Siento que me están usando de ejemplo; el trato conmigo ha sido particularmente duro”, concluyó.