El Congreso de Perú resolvió este martes, en una sesión extraordinaria, destituir al presidente interino José Jerí, quien es investigado por dos presuntos casos de tráfico de influencias tras la revelación de encuentros clandestinos con empresarios chinos.
La medida abre un nuevo escenario de incertidumbre política en Perú, que deberá designar a un nuevo mandatario cuando faltan menos de dos meses para las elecciones presidenciales previstas para el 12 de abril. Jerí había asumido el cargo hace poco más de cuatro meses.
Con la salida de Jerí, el Parlamento deberá elegir a un nuevo jefe del Congreso que, de forma automática, asumirá como presidente interino. De concretarse ese proceso, el país sumaría su octavo mandatario en menos de una década, desde 2016.
Parlamentarios en Perú discuten la destitución de JeríEl dirigente, de 39 años, había llegado a la presidencia el 10 de octubre tras reemplazar a Dina Boluarte, quien fue destituida por el Parlamento en un juicio político acelerado bajo el argumento de incapacidad para frenar una ola de extorsiones y asesinatos por encargo.
Jerí enfrentaba siete pedidos de censura impulsados por sectores de la oposición izquierdista y un bloque de partidos de derecha que buscaban removerlo por “inconducta funcional y falta de idoneidad” para ejercer el cargo. La sesión comenzó alrededor de las 10 (12 en Argentina) con la votación de las mociones para habilitar su debate.
Tras aprobarse la discusión de todas ellas, algunos legisladores cuestionaron el procedimiento elegido para la destitución. La congresista Ana Zegarra, del partido Somos Perú, sostuvo que debía aplicarse un proceso de vacancia en lugar de censura, al considerar que las acusaciones correspondían a su desempeño como presidente interino y no como legislador.
La defensa de Jerí
El pasado domingo, en diálogo con el programa Sin Rodeos (Panamerican), Jerí rechazó las acusaciones. “Yo no he cometido ningún delito. Tengo la plena suficiencia moral para poder ejercer la presidencia de la República”, afirmó y sostuvo que existen intereses que buscan afectar la “credibilidad” de su gestión.
El ex mandatario interino se refirió además a su ausencia en una terapia psicológica por patología psicosexual ordenada en enero de 2025 tras una denuncia de violación sexual presentada cuando era legislador -causa que luego fue archivada-. Según explicó, nunca recibió una notificación judicial válida para asistir.
“Si desde el primer momento, en lo más complicado que fue la denuncia, me allané a colaborar y a participar, resultaría ilógico e incongruente no aceptar otra recomendación si hubiera sido debidamente notificado”, señaló.