El proyecto presentado por el legislador Gerónimo Vargas Aignasse abrió un debate en el escenario político. La iniciativa propone crear una figura de tutela judicial inmediata para ordenar, en un plazo máximo de seis horas, la eliminación de contenidos digitales que constituyan “calumnias o injurias manifiestas” en redes sociales, portales web y servicios de mensajería masiva.
Las críticas no tardaron en llegar. Desde La Libertad Avanza, el diputado nacional Lisandro Almirón, referente del espacio, cuestionó la propuesta y la comparó con mecanismos de censura aplicados en países con restricciones a la libertad de expresión. Según esa postura, la norma podría convertirse en una herramienta para acallar voces críticas.
Frente a esas acusaciones, Vargas Aignasse rechazó de plano que se trate de un intento de censura. “Jamás iríamos contra el derecho a expresarse. Las críticas siempre son bienvenidas. Yo debato en redes con quien quiera, siempre que no haya injurias”, afirmó en diálogo con LA GACETA.
El legislador sostuvo que el objetivo es establecer un límite claro frente a publicaciones que no buscan informar ni opinar, sino “agraviar, difamar y descalificar”. “Una cosa es la libertad de expresión y otra es ir contra el honor y la dignidad de las personas, que tienen la misma jerarquía constitucional”, remarcó.
En ese sentido, explicó que actualmente el único antecedente normativo en materia de violencia digital es la Ley Olimpia, orientada a la protección frente a la difusión de contenidos íntimos sin consentimiento. “No existe otra herramienta que pueda poner un límite a esa violencia desmesurada que hoy tienen las redes sociales”, advirtió.
Cómo funcionaría
Según detalló, la propuesta incorpora al Código Procesal Penal una instancia cautelar “urgentísima y sumarísima”. El juez interviniente tendría hasta seis horas para resolver si corresponde ordenar la eliminación del contenido denunciado.
“En caso de duda, la ley establece que se debe estar a favor de la publicación. Si el juez tiene dudas entre si es información o difamación, el contenido debe mantenerse. Solo cuando se trate de una injuria o calumnia palmaria se ordenará su eliminación”, explicó.
Vargas Aignasse aclaró que no se trata de un proceso penal automático contra el autor de la publicación. “El delito de calumnias e injurias es de instancia privada. Para avanzar debe haber una querella del ofendido. Aquí no estamos hablando de eso, sino simplemente de frenar el daño explosivo e inmediato que produce la viralización”, indicó.
El debate sobre la libertad de expresión
El legislador reconoció que existe preocupación en sectores que defienden la libertad de prensa ante posibles usos indebidos de la norma. Sin embargo, insistió en que la iniciativa no está dirigida contra medios ni periodistas.
“Vamos a defender a capa y espada la libertad de expresión y el rol del periodismo, que es la piedra angular de nuestra democracia. Nunca construiríamos una norma para limitar ese derecho”, afirmó.
A su vez, planteó que hoy muchas personas quedan desprotegidas frente a campañas de hostigamiento digital, mensajes anónimos y expresiones de odio racial, religioso o de género. “¿Qué recurso tiene hoy quien es violentamente atacado en redes? La tutela judicial puede tardar meses. El daño ya está hecho”, señaló.
En ese marco, insistió en que el proyecto apunta a proteger a quienes se ven afectados por difamaciones en entornos digitales, especialmente jóvenes, mujeres y minorías. “No se trata de ir contra nadie ni contra ninguna fuerza política. Se trata de poner un límite cuando se cruzan las fronteras del derecho”, concluyó.