El Departamento de Justicia de EEUU intervino ante el tribunal que encabeza la jueza Loretta Preska para respaldar a la Argentina frente al pedido de sanciones y la acusación de desacato impulsada por los demandantes en el juicio por la expropiación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).
La presentación oficial fija la posición del gobierno estadounidense en un caso que, advierte, podría tener consecuencias más allá del expediente. En el escrito se subraya que “el litigio en tribunales de los Estados Unidos contra Estados extranjeros puede tener importantes implicancias en materia de política exterior para los Estados Unidos y afectar el trato recíproco que reciba el gobierno estadounidense ante los tribunales de otras naciones”.
De este modo, el Departamento de Justicia remarcó el impacto institucional que podría derivarse de una eventual sanción contra un Estado soberano.
Caso YPF: desestimaron un pedido de la Argentina para suspender el proceso de revelación de pruebasEl documento también pone el foco en el proceso de producción de pruebas y remarca “los esfuerzos realizados por el país para cumplir con los requerimientos de discovery dirigidos a obtener comunicaciones de altos funcionarios argentinos vinculadas a entidades estatales, requerimientos que, en sí mismos, resultan incompatibles con las consideraciones de cortesía y reciprocidad que surgen en litigios contra Estados soberanos”.
Juicio por YPF: Argentina invocó la “inmunidad soberana” del oro del BCRA ante la jueza PreskaEn esa línea, el texto es categórico al sostener que “la moción de los demandantes para que se dicten sanciones de preclusión, inferencias adversas y sanciones pecuniarias por desacato contra la Argentina no se ajusta a los principios de cortesía internacional y reciprocidad ni a la FSIA y debe ser rechazada”.
Asimismo, el organismo norteamericano destacó la conducta procesal del Estado argentino al señalar que “durante más de dos años, la Argentina cumplió de buena fe con el proceso de discovery, priorizando el respeto a las órdenes judiciales. En ese período se realizaron entregas periódicas que superaron las 115.000 páginas”. Y agregaron: “A pesar del amplio acceso a información, los demandantes no lograron encontrar evidencia que respaldara sus acusaciones.”