La variación mensual del IPC sigue lejos de lo esperado por el gobierno. No es extraño, pero que el dato sea entendible no alivia. Menos cuando no tiene por qué dejar de moverse entre dos y tres por ciento en el corto plazo.

Puede partirse desde la composición del índice. Los precios de los bienes subieron menos que los de servicios: 2,3 por ciento mensual contra cuatro, y en lo interanual 28,4 por ciento versus 43,4. El primer impulso es pensar en la actualización de las tarifas de los servicios públicos, y parece razonable si se mira otra clasificación, la que distingue entre precios regulados, estacionales e IPC núcleo. Regulados incluye bienes y servicios cuyos precios dependen del gobierno o tienen alta carga tributaria, estacionales son aquellos con gran variación según la época del año (turismo o fruta, por ejemplo) y núcleo el resto. Febrero 2026 contra enero 2026 muestra para estacionales una caída de 1,3 por ciento, para IPC núcleo alza de 3,1 y para regulados suba de 4,3. Estacionales fue esencial para un promedio debajo de tres por ciento, pero los otros dos segmentos son más interesantes. Regulados sube más que núcleo, lo que parece apuntar a la responsabilidad de las tarifas, pero la comparación interanual muestra otra cosa: núcleo, 33,6 por ciento arriba, regulados 36,5. Poca diferencia, no como entre bienes y servicios.

Tal vez dos elementos lo expliquen. Muchos servicios son no transables, es decir, poco susceptibles de comercio exterior. Algunos sí, como streaming, y otros no, como corte de cabello (por supuesto, la inflación no es culpa de los peluqueros). Asimismo, la condición puede variar con la tecnología; educación superior era típicamente no transable pero Internet mediante ya no. Por lo tanto, los no transables no enfrentan la apertura de la economía y su única competencia es local. Así, sus incrementos de precios tienen menos moderación que los transables, generalmente bienes, expuestos a la importación (los factibles de exportar son otra historia) y de allí la diferencia entre bienes y servicios.

El segundo elemento es la evolución de las tarifas de servicios públicos. Fue un error del gobierno, tal vez por mostrar un descenso rápido de la tasa de inflación, no realizar una suba tarifaria mayor apenas arrancó, cuando había más confianza y disposición para soportar costos (fáciles de asignar al gobierno anterior). Probablemente hoy también sería similar la variación interanual de núcleo y regulados pues en febrero hubo recuperación de terreno pero no quedarían aumentos agazapados consecuencia de la estrategia inicial; restan actualizaciones (más difíciles de cargar a la herencia), aunque pocas, lo que no ayuda a acercar la variación del IPC al dos por ciento mensual.

Otra consecuencia es la molestia social, punto también relacionado con la confianza y el shock. Veinte años de tarifas irreales por lo reducidas llevaron a niveles de consumo total insostenibles para la baja productividad argentina paralelos a un proceso inflacionario creciente porque los costos de los servicios se cubrían con emisión de dinero. Ahora que las tarifas aumentan se pretende mantener el consumo y no es posible, lo que influye en los cierres de comercios. Argentina es más pobre de lo que se cree. Sostener desde 2003 tarifas adecuadas en vez de “pisarlas” hubiera permitido dos décadas de adaptación gradual que ahora debe hacerse de golpe. Y tal ajuste, que continúa, debido a su demora se achaca erróneamente al gobierno (aunque algunas mediciones muestran que la disponibilidad de dinero luego de servicios estaría creciendo, pero con inestabilidad).

¿Cómo será el corto plazo? Las actualizaciones tarifarias pendientes alzarían el IPC, pero debe verse la situación internacional. Mayores precios de soja y petróleo implican mayores ingresos de dólares pero también incrementos en el costo del combustible y posibles traslados a precios finales. El gobierno retardaría los reajustes previstos para compensar esos mayores costos, pero además el precio internacional activaría retenciones automáticas a la exportación de petróleo (decreto 59/26) para mantener la oferta local.

También intervienen los rezagos monetarios. La inflación aparece por la emisión de dinero a un ritmo mayor del que crece la oferta de bienes. En el día a día es válido pensar en impactos en el IPC de variables como petróleo o dólar, pero el fondo es la emisión. Su ritmo disminuye en términos interanuales, por ejemplo para el M2 privado (circulante más depósitos en cuenta corriente y cajas de ahorro) de 120 por ciento en diciembre de 2023 a 28 por ciento actualmente, pero como el efecto total de la emisión sobre los precios comprende de 18 meses a dos años, hay arrastre. Al margen: el menor ritmo de actividad económica desde mediados del año pasado puede haberse combinado con M2 para la tasa de inflación presente. De todos modos, es imposible que el PIB crezca al 28 por ciento anual para compensar M2. Igual se debe apuntar a la inversión y el crecimiento, pero no es instantáneo.

A favor de la calma jugaría el precio del dólar, hoy alrededor de 1.420 pesos, levemente atrasado según números del BCRA pues debería rondar los 1.480 para mantener su valor real de diciembre de 2015. Y no es de esperarse que se dispare porque el primer semestre es el de mayor entrada de divisas en el año y sumará el efecto de la guerra sobre las exportaciones (no aprovechable a pleno por añeja desatención a la infraestructura). De hecho, sin las compras del Central el dólar estaría más barato.

Algunos mencionan la posibilidad de que el gobierno convalide aumentos salariales un poco superiores a los que viene aceptando para así reactivar el comercio apostando a que una disminución más lenta de la inflación sea soportable gracias a más actividad, pero hay que tener cuidado: la “sintonía fina” usualmente no funciona. Es economía, no ingeniería. La mejor política económica es la que genera buenas condiciones para el desempeño privado, no la que pretende manejar cada variable al detalle.