El costo de no cuidar los bosques y la regulación del agua. Ley no reglamentada

Juan A. González

Consultor de Naciones Unidas

A primera vista, calcular cuánto cuesta mantener un bosqueparece imposible. Un bosque no tiene un presupuesto como una obra pública ni un balance como una empresa. Su cuidado implica proteger su integridad ecológica, evitar desmontes, cuidar las cuencas y sostener áreas naturales. Son costos variables y difíciles de resumir en una cifra. Pero existe otra forma de mirar el problema: preguntarnos cuánto cuesta no hacerlo.

Cada vez que un bosque desaparece —especialmente en zonas montanas como las Yungas— se debilita uno de los sistemas naturales más eficaces para regular el agua. El bosque intercepta la lluvia, infiltra el agua en el suelo, reduce la escorrentía y estabiliza las laderas. En otras palabras, funciona como una infraestructura natural de regulación hídrica. Cuando esa infraestructura desaparece, el costo aparece en otro lugar: inundaciones repentinas, rutas destruidas, rescates de emergencia, reconstrucción de viviendas y puentes, asistencia a damnificados, distribución de alimentos y agua, pérdida de producción agrícola y una profunda incertidumbre social y hasta violencia. Sumados, estos gastos, tangibles e intangibles, pueden representar millones o decenas de millones de dólares en pocos días.

En ese punto la pregunta cambia: ya no se trata de cuánto cuesta conservar un bosque, sino cuánto estamos pagando por no haberlo hecho. Desde el punto de vista financiero, los bosques funcionan como un seguro natural. Un seguro que se paga con decisiones de conservación: mantener cobertura forestal, proteger cuencas y planificar el uso del territorio. Cuando ese seguro desaparece, la naturaleza presenta la factura, y suele hacerlo de golpe…

Pero la regulación del agua no depende únicamente del bosque. También depende de cómo se organiza el territorio donde el agua circula. En Tucumán existe desde hace años una herramienta legal pensada precisamente para abordar este problema: la Ley provincial Nº 7.696 de Bienes Inundables (año 2005) que crea un régimen de uso de las áreas inundables de la provincia. La norma establece la identificación de cuatro tipos de zonas: Área I, correspondiente a cauces y cuerpos de agua permanentes; Área II, destinada a la evacuación y almacenamiento de crecidas; Área III, áreas con riesgo de inundación; Área IV, zonas donde la forestación resulta obligatoria para estabilizar estos sistemas.

El espíritu de esta ley es claro: ordenar el territorio respetando la dinámica natural del agua. Esto implica no sólo proteger las cuencas y promover la forestación, sino también evitar que los asentamientos humanos se establezcan en zonas que naturalmente funcionan como vías de evacuación de crecidas o áreas de inundación. Cuando estas áreas se ocupan o se alteran, los ríos pierden espacio para expandirse durante las tormentas intensas y el resultado inevitable son desbordes, daños materiales y situaciones de emergencia que afectan a poblaciones enteras.

La ley nunca fue reglamentada

Sin embargo, pese a su importancia estratégica, esta ley nunca fue reglamentada y las áreas previstas no han sido cartografiadas de manera sistemática. Hoy esa tarea podría realizarse con herramientas modernas basadas en información satelital, sistemas de información geográfica y cartografía histórica. Contar con estos mapas permitiría construir modelos de simulación hidrológica, fundamentales para anticipar crecidas, ordenar el uso del suelo y reducir riesgos. Reglamentar y aplicar esta ley permitiría, además, evitar uno de los problemas territoriales más frecuentes en muchas regiones del país: la ocupación de zonas que naturalmente deberían permanecer libres para el escurrimiento del agua. La planificación territorial basada en el funcionamiento real de los ríos no sólo reduce desastres, sino que también disminuye los enormes costos económicos asociados a emergencias, reconstrucción de infraestructura y asistencia social.

Mientras tanto, muchas veces seguimos mirando a las Yungas con otra lógica, como si su valor dependiera de que algún día aparezca petróleo, oro u otra riqueza mineral en sus montañas. Pero esa expectativa nos distrae de lo esencial: el verdadero tesoro de las Yungas no está bajo tierra, está a la vista. Corre por los ríos, se infiltra en los suelos, alimenta vertientes, sostiene la agricultura y abastece ciudades. Ese tesoro es el agua.

Cada hectárea de bosque que se conserva es, en realidad, una fábrica silenciosa de agua funcionando todos los días del año. Por eso conservar el bosque no es solo preservar un paisaje o la biodiversidad: es invertir en estabilidad económica, seguridad territorial y prevención de desastres.

Dicho de otra manera: el bosque no es un lujo ambiental ni un costo. Es la infraestructura natural más barata y eficaz que existe para proteger a una sociedad, porque produce y regula el recurso más valioso que tenemos. Tal vez entonces la verdadera pregunta no sea cuánto cuesta mantener un bosque. La verdadera pregunta es: ¿cuánto estamos dispuestos a pagar por perder el agua?