La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán ratificó que el juez federal José Manuel Díaz Vélez continuará al frente de la causa en la que se investiga al abogado Luis Alejandro Ontiveros por presunto tráfico de influencias dentro del ámbito de esa misma Cámara. La decisión fue adoptada por los camaristas Ana Carina Farías, Jorge Basbús y Enrique Lilljedahl, un tribunal ad hoc ya que los miembros de la Cámara de Tucumán se excusaron de intervenir, al rechazar un planteo de nulidad presentado por la defensa del imputado, que cuestionaba el procedimiento mediante el cual se lo había designado como juez subrogante para intervenir en el expediente.
El pronunciamiento se dictó en el marco del incidente de nulidad promovido por la defensa de Ontiveros, encabezada por el abogado Miguel Ángel Pierri, contra una providencia del 23 de diciembre de 2025, en la que la presidencia de la Cámara dispuso designar a Díaz Vélez como juez subrogante para intervenir en la causa. Los defensores sostenían que esa decisión había violado el procedimiento previsto en la ley de subrogancias, al no haberse realizado -según su planteo- el sorteo correspondiente entre los magistrados habilitados.
Al analizar el planteo, Farías, Basbús y Lilljedahl, concluyeron que la nulidad solicitada no podía prosperar. En la resolución señalaron que las nulidades procesales constituyen una sanción de carácter excepcional y que sólo pueden prosperar cuando se acredita un perjuicio concreto o una afectación de garantías constitucionales, circunstancias que -según indicaron- no se verifican en el caso.
El tribunal reconstruyó además la secuencia de hechos que derivó en la designación de Díaz Vélez. Según el fallo, la causa quedó sin magistrado a cargo luego de que el juez Guillermo Díaz Martínez se inhibiera el 30 de octubre de 2025 y posteriormente también se excusara el juez subrogante designado en su reemplazo, Miguel Ángel Contreras, titular del Juzgado Federal N°1 de Catamarca. Esa situación generó la necesidad de nombrar un nuevo juez para continuar con la tramitación del expediente.
La Cámara explicó que, al momento de producirse esas inhibiciones, no había en Tucumán otro magistrado disponible para asumir la subrogancia. En ese contexto, se señaló que a partir del 20 de noviembre de 2025, cuando se dictó la acordada correspondiente, el único juez que reunía las condiciones legales para intervenir era Díaz Vélez. Por esa razón, el tribunal concluyó que la designación cuestionada “sólo podía tener el resultado que tuvo”, ya que era el único magistrado de igual competencia y de la misma jurisdicción territorial en condiciones de asumir la causa.
Los camaristas también consideraron que las demoras administrativas señaladas por la defensa no generan nulidad del acto. En ese punto sostuvieron que la tardanza de funcionarios judiciales en informar la necesidad de designar un subrogante constituyó, en todo caso, “un mero error que carece de efectos jurídicos”, ya que no modificaba el resultado final del procedimiento.
Sobre esa base, el tribunal resolvió “no hacer lugar al incidente de nulidad articulado”, dejando firme la designación de Díaz Vélez como juez subrogante en la investigación. En términos prácticos, la decisión despeja la discusión sobre la competencia del magistrado y permite que la causa continúe su curso bajo su conducción. Según trascendió, la defensa de Ontiveros decidió casar esta resolución, que debería entonces ser resuelta por la Cámara Federal de Casación, aunque eso no impediría que el proceso siga adelante con Diaz Vélez como juez.
La investigación se originó a partir de la denuncia presentada por Mario Alberto Martínez Salazar Pérez, quien afirmó que Ontiveros le habría ofrecido gestionar un fallo favorable en una causa judicial a cambio del pago de una suma que, según su relato, oscilaría entre los 80.000 y 100.000 dólares. La hipótesis bajo análisis es la existencia de un supuesto esquema de intermediación para influir en decisiones judiciales dentro de la justicia federal tucumana. Es que Ontiveros está casado con Solana Casella, relatora del camarista Mario Leal, aunque ellos dos no están bajo investigación. El expediente también analiza los vínculos personales y profesionales entre Ontiveros y funcionarios del ámbito judicial, así como registros de comunicaciones y otros elementos aportados por el denunciante que podrían acreditar contactos o gestiones vinculadas con el presunto ofrecimiento. La investigación busca determinar si existió efectivamente una maniobra destinada a obtener decisiones judiciales mediante tráfico de influencias.
Renuncia de un abogado
Se fue camilo atim de la defensa
En paralelo, la causa registró un movimiento dentro del equipo de defensa del imputado. El abogado Camilo Atim presentó formalmente su renuncia a la representación de Luis Ontiveros mediante un escrito ingresado ante el Juzgado Federal N°2 de Tucumán alegando motivos personales, por lo que Miguel Ángel Pierri continuará al frente de la defensa con su propio estudio de abogados.
Con la confirmación de la Cámara sobre quién debe conducir la investigación, la causa vuelve ahora a concentrarse en la producción de pruebas destinadas a esclarecer si existió o no un intento de influir en decisiones de la justicia federal. El desarrollo de las medidas pendientes será determinante para definir el rumbo procesal de un caso que generó fuerte repercusión en el ámbito judicial de Tucumán por las implicancias institucionales de las acusaciones. Lo primero que deberá resolver José Manuel Díaz Vélez es la recusación que se presentó contra el fiscal federal n° 2, Agustín Chit. Y, a partir de esto, decidir si se llama a indagatoria como imputado a Ontiveros.