“El sur bajo el agua, otra vez” es el titular que se repite en los portales de noticias, al menos cada un par de años. El escenario es cíclico: la provincia conmovida y movilizada en una red enorme de solidaridad y los actores políticos intentando acercar soluciones temporarias que funcionan como un ungüento pasajero. Pero en algún momento el agua deja de caer, el barro abandona las casas, la gente se queda sin nada y todo retoma su ritmo. Hasta que otra tormenta vuelve a recordarnos que el sur sigue siendo vulnerable.

Pero, ¿qué queda además de la destrucción material? Queda la destrucción de lo propio, de la identidad, de la esperanza, la sensación de haber quedado en cero, de tener que empezar de nuevo. Porque la casa no es solo paredes: es memoria, es historia familiar, es estabilidad e identidad. Vivir 30 o 50 años en un lugar implica que ese espacio pasa a formar parte de quién sos, y perderlo puede vivirse como una especie de desarme personal.

En los días posteriores a la catástrofe, los análisis causales se multiplican: las inclemencias climáticas, la falta de obras, la ausencia del Estado, e incluso la geografía, que indica que algunos pueblos asentados en zonas deprimidas jamás debieron ser poblados. Es ahí donde empieza a instalarse la idea de la relocalización como una solución lógica frente a la repetición del desastre. Desde lo técnico y estructural puede parecer una respuesta simple, pero desde lo emocional implica una ruptura enorme.

Según la ONU, la relocalización de un pueblo implica el traslado físico de una comunidad entera a una nueva ubicación, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida y garantizar seguridad ante riesgos como inundaciones y otros desastres. Incluye la construcción de nueva infraestructura y un proceso de adaptación social y cultural al nuevo entorno. No se trata solo de mover casas: implica reconstruir medios de vida y, sobre todo, el tejido social. Sin embargo, este tipo de procesos suele generar preocupación, pensamientos catastrofistas, insomnio, trastornos digestivos y conductas defensivas. En los niños puede traducirse en bajo rendimiento escolar y baja autoestima, mientras que en los adultos aparece el estrés financiero y la presión de sostener la estabilidad familiar.

Aun así, y pese a que hay zonas donde ya no se puede vivir con seguridad, muchos vecinos no quieren irse. Hay arraigo, historia, vínculos. Incluso algunos permanecen en zonas inundadas para cuidar lo poco que les queda, porque ese espacio sigue siendo percibido como su “lugar seguro”, aunque de seguro ya no tenga nada. “El desastre natural tendrá efectos en el corto y largo plazo en la salud mental”, comienza explicando Roberto González Marchetti, ex presidente del Colegio de Psicólogos de Tucumán. Y detalla que entre los trastornos más frecuentes aparecen el estrés postraumático, las crisis de angustia, la depresión y las fobias.

El especialista describe tres momentos en este tipo de situaciones. El primero es el día uno, marcado por la histeria colectiva, la evacuación y el terror: imágenes intrusivas que quedan registradas en la memoria y funcionan como señales de alarma. El segundo momento es el de la evacuación, cuando aparece la desregulación emocional frente a las pérdidas materiales y la conciencia de que la propia vida estuvo en riesgo. Es también el momento de la crisis de identidad con el lugar, de la dificultad para readaptarse y de la contradicción constante sobre cómo o dónde volver.

“Es desesperante. No me quiero ir, pero me da pena volver a casa”, fue una de las frases que graficó este sentimiento de contradicción.  Pero esto, según explica Marchetti, forma parte de mecanismos internos de conducta que impiden el cambio. “Se los considera como patrones desadaptativos, porque existe la negación, la resistencia, la rigidez cognitiva y la evitación del miedo a lo desconocido, que perpetúan el estado de crisis actual. Estas respuestas defensivas incluyen la zona de confort, donde evitar las ideas de un traslado, le genera mayor nivel de ansiedad, porque la mente se fija en lo negativo. Es decir, mudarse bajo estas condiciones es más complejo porque prima la incertidumbre y el miedo a lo desconocido”.

El tercer momento es el de la aceptación de las pérdidas. Mudarse de manera forzada implica atravesar un duelo, incluso cuando no hay una muerte. Se pierde el barrio, los vecinos, las rutinas y los recuerdos. Marchetti advierte que ese proceso será prolongado y que no todas las personas cuentan con las herramientas emocionales para afrontarlo. “Los duelos son tanto una pérdida real como simbólica, cumple los mismo pasos: crisis, negación, enojo, elaboración depresiva, y aceptación. En el caso de las personas damnificadas, perder su casa y sus mascotas lo viven en crisis, por un lado, por el valor económico y por otro lado por la frustración de perder lo conseguido”.

La pregunta es, entonces, ¿cómo retomar la vida cotidiana en un estado de alerta permanente, con la sensación de que, aun después de empezar de nuevo, todo puede volver a perderse si la lluvia lo decide? Para el especialista, orientar la conducta hacia una reorganización de la vida resulta fundamental, y esto dependerá en gran medida del apoyo social, del acompañamiento estatal y del entorno familiar. Aun así, quedarán secuelas emocionales, tanto individuales como colectivas, que deberán ser procesadas como una memoria que dé sentido al dolor y al sacrificio. “Si predomina la negación, la misma conducta social tenderá a repetirse frente a una nueva tragedia”, advierte.

En las semanas posteriores, muchas personas reviven lo ocurrido con miedo e incertidumbre, con alteraciones del sueño, irritabilidad y angustia. En algunos casos pueden aparecer episodios de disociación, y en otros más graves, pérdida de control de los impulsos, asociados a las pérdidas significativas y a la falta de contención emocional. “Recuperar la confianza es un objetivo a trabajar”, indica.

Finalmente, Gonzalez Marchetti advierte la necesidad urgente de equipos interdisciplinarios para abordar la salud mental, en una población que ya presentaba vulnerabilidades, ahora agravadas. Sin estrategias sostenidas, la inacción puede profundizar el deterioro individual y del tejido social, “por eso es importante trabajar con estrategias  y objetivos,  para mitigar las consecuencias a largo plazo en la salud mental y para fomentar la resiliencia individual y social”. También señala que, si no hay recursos suficientes, se debe pedir apoyo a otras jurisdicciones y asistir incluso a voluntarios, que pueden sufrir estrés tras la tragedia.