A solicitud de la defensa técnica, este miércoles 25 de marzo se llevó a cabo una audiencia en la que se solicitó el cese de la prisión preventiva o, de manera subsidiaria, el arresto domiciliario de Justina Gordillo (48), en el marco de la causa que investiga el crimen de Érika Antonella Álvarez (25), cuyo cuerpo fue hallado el pasado 8 de enero en un basural de la zona de Manantial Sur. La acusada se encuentra alojada en el penal de Delfín Gallo desde el 10 de febrero.
La investigación es llevada adelante por la Unidad Fiscal de Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo. A Gordillo se le atribuye provisoriamente el delito de encubrimiento por favorecimiento personal y real, triplemente agravado por ser el hecho precedente especialmente grave, por actuar con ánimo de lucro y por ser funcionaria pública. En la causa también se encuentran privados de su libertad Felipe Sosa (50), Nicolás Augusto Navarro Flores (37) y Jorge Orlando Díaz (40).
Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal Carolina Brito se opuso al planteo de la defensa al sostener que los riesgos procesales “no solo se encuentran vigentes, sino que se van acrecentando”. En ese sentido, explicó que el delito de encubrimiento implica el ocultamiento, alteración o desaparición de rastros o evidencias vinculadas al hecho principal, por lo que consideró razonable suponer que, de recuperar la libertad o acceder a una medida menos gravosa, la imputada podría incurrir en conductas tendientes a obstaculizar la investigación. Por ello, solicitó el rechazo del pedido. A su turno, la querella adhirió a los argumentos expuestos por el Ministerio Fiscal.
En ese contexto, se destacó que no es la primera vez que la defensa solicita la revisión de la medida de coerción, ya que hace tres semanas otro magistrado había rechazado un planteo similar, manteniéndose desde entonces la prisión preventiva de la imputada.
Finalmente, la jueza interviniente, Isolina Apás Pérez de Nucci, resolvió no hacer lugar al planteo de la defensa. Al fundamentar su decisión, destacó la gravedad del caso. “Este es un hecho sensible. Es un hecho de femicidio, la calificación penal más grave, sancionada con una pena perpetua. Por supuesto, esa pena no incide en quien encubre, pero sí en la valoración de la conducta. No es un encubrimiento con una actividad pasiva. Acá hay una participación activa de encubrimiento”, consideró la magistrada.
La teoría del caso
Tras el homicidio de Érika Álvarez ocurrido en la madrugada del 7 de enero de 2026, la Fiscalía sostiene que Justina Gordillo se presentó en distintas oportunidades en el domicilio de su pareja, el imputado Felipe Sosa, en Yerba Buena, permaneciendo allí por varias horas entre ese día y el 8 de enero.
Según la acusación, habría colaborado en el ocultamiento del cuerpo de la víctima, de la camioneta utilizada en el hecho y en la desaparición de otros elementos de prueba, además de asistir en la fuga de Sosa hacia la provincia de Buenos Aires.
Asimismo, se le atribuye haber actuado con un fin de beneficio patrimonial, concretando la compra de una motocicleta a su nombre y recibiendo, ese mismo día, poderes para realizar diversas operaciones bancarias y administrativas sobre empresas vinculadas al acusado.