Como ocurre mes a mes desde abril de 2024, las prestaciones previsionales volverán a actualizarse en función del índice de precios al consumidor informado por el INDEC. En esta oportunidad, el incremento será del 2,9%, correspondiente a la inflación del mes de febrero. Este mecanismo de actualización surge del Decreto 274/2024,que estableció una fórmula de movilidad atada a la inflación mensual. Lo que en su momento fue presentado como una solución de emergencia, hoy cumple dos años de vigencia. Y allí es donde surge una primera reflexión necesaria.
Un decreto que se volvió permanente
Resulta difícil sostener en el tiempo que un tema de la magnitud que tiene la movilidad previsional —es decir, la forma en que se actualizan los ingresos de millones de jubilados— continúe regulado por un decreto. La movilidad no es un aspecto menor del sistema previsional. Es, en muchos casos, la diferencia entre mantener o perder calidad de vida. Por eso, después de dos años, el debate ya no debería centrarse en la coyuntura, sino en la necesidad de contar con una ley debatida en el Congreso, que otorgue previsibilidad, estabilidad y consenso.
Una brecha que se profundiza
Durante este tiempo, se ha ido consolidando un fenómeno preocupante: la brecha entre los ingresos de los trabajadores activos y los haberes de los jubilados. Mientras los salarios del sector formal han tenido actualizaciones que, en muchos casos, superaron la evolución del índice de precios, los haberes previsionales se ajustan estrictamente por inflación. Esto genera un efecto acumulativo: los jubilados no solo pierden frente a los activos en términos relativos, sino que además quedan cada vez más lejos del ingreso que ellos mismos tenían durante su vida laboral.
¿Alcanza con seguir la inflación?
La pregunta que surge es inevitable: ¿es suficiente una fórmula que solo acompaña la inflación? La movilidad previsional no debería limitarse a evitar la pérdida frente al aumento de precios. También debería contemplar la evolución de los salarios y la realidad económica general, para evitar que los jubilados queden rezagados respecto de la sociedad activa.
Un debate pendiente
El desafío hacia adelante es claro. El Congreso de la Nación tiene la responsabilidad de retomar el debate sobre la movilidad previsional y avanzar en una fórmula que contemple: • la sustentabilidad del sistema, • la evolución de los ingresos de los trabajadores, • y la necesidad de preservar el poder adquisitivo de los jubilados. No se trata solo de actualizar haberes. Se trata de definir qué lugar ocupan los jubilados en el esquema económico del país.
Más allá de la coyuntura
La movilidad previsional no puede seguir siendo una respuesta de corto plazo. Debe transformarse en una política de Estado, debatida, consensuada y sostenible en el tiempo. Porque detrás de cada ajuste mensual, hay millones de personas que dependen de ese ingreso para vivir. Y porque la jubilación no es una variable de ajuste: es el resultado de toda una vida de trabajo.