Un hombre fue demorado este viernes en la capital tucumana en el marco de la investigación por amenazas difundidas en establecimientos educativos. Se trata del padre de un alumno, identificado a partir de un mensaje intimidatorio que circuló en un grupo de WhatsApp.
La jefa de la División Delitos Telemáticos y Económicos de la Policía, Juana Estequiño, explicó que las actuaciones se iniciaron luego de que, desde el martes, comenzaran a viralizarse publicaciones en redes sociales y medios sobre amenazas en distintas instituciones educativas, tanto de la capital como del interior.
Ante esta situación, y por disposición del gobernador Osvaldo Jaldo y de la Jefatura de Policía, se reforzaron las medidas de seguridad en los establecimientos. En paralelo, el Ministerio Público Fiscal, a cargo de Mariana Rivadeneira, impulsó tareas investigativas para identificar a los responsables.
Sobre el hecho puntual de este viernes, Estequiño detalló que cerca del mediodía fueron alertados sobre una amenaza en una escuela de la zona sur de la capital. “En este caso se hizo más rápido la investigación, en razón de que la amenaza estaba viralizada por un grupo de WhatsApp de alumnos del establecimiento”, indicó.
A partir de ese dato, los investigadores lograron identificar el número telefónico desde el cual se emitió el mensaje, lo que permitió establecer la identidad del alumno y, posteriormente, la de su progenitor. Con esa información, se dio intervención a la fiscalía, que dispuso de manera inmediata la demora del hombre.
En el procedimiento también se secuestró el teléfono celular utilizado para realizar la amenaza, medida ordenada por la Justicia para avanzar con la causa.
Desde la fuerza indicaron que se trata de la primera persona demorada en el marco de estas intimidaciones, aunque las investigaciones continúan. “Se va a seguir trabajando hasta lograr identificar a todas las personas involucradas en este tipo de amenazas”, sostuvo Estequiño.
En ese sentido, la fiscal Rivadeneira, junto con el equipo técnico de la división, recorre distintos establecimientos educativos con el objetivo de recolectar evidencia y avanzar en la identificación tanto de los menores implicados como de sus responsables legales.