Una joven y su abogado denunciaron que uno de los acusados de haberla atacado durante un asalto incumplió con el convenio de juicio abreviado al no abonar la reparación económica pactada. Ambos aseguraron no haber recibido respuestas por parte del Ministerio Público Fiscal. Profesionales afirman que cada vez son más los imputados que no respetan los acuerdos negociados en las salidas alternativas.

En marzo del año pasado, Nadia regresaba del trabajo hacia la casa de su novio, en el barrio Ciudadela. Mientras circulaba en su bicicleta por la calle Amador Lucero al 200, dos ladrones que se desplazaban en una motocicleta la abordaron, la empujaron bruscamente de la bici y la tiraron al suelo provocando que la joven sufriera un corte de considerable profundidad en el rostro. Los atacantes quisieron robarle sus pertenencias, pero al ver la sangre que salía de la herida de la joven, se asustaron y huyeron del lugar.

Nadia radicó la denuncia en la policía y días más tarde los ladrones fueron aprehendidos e imputados por la Fiscalía de Robos y Hurtos III que dirigía Carlos Picón. Luego de más de una decena de audiencias judiciales, la víctima prefirió evitar someterse a un juicio oral y optó por llegar a una salida alternativa con los imputados. “La verdad es que yo estaba aterrada de tener que verlos cara a cara, ya no quería saber nada con ellos, por eso accedí a esta salida”, contó en diálogo con LA GACETA.

En el acuerdo, ambos fueron condenados por el delito de tentativa de robo a dos años de prisión de ejecución condicional y se habían comprometido a pagar un resarcimiento económico valuado en $6 millones. Uno de ellos abonó su parte en un solo pago, mientras que el segundo arregló el pago en cuatro cuotas.

Cartas de lectores: Inseguridad en Amador Lucero 1° cuadra

Según explicó Nadia, el acusado entregó el dinero de la primera cuota y no volvió a aparecer. “Cuando pasó el tiempo y vi que no tenía novedades pregunté en la Fiscalía si se había acercado a la oficina a pagar, me respondieron que todavía no lo había hecho y que le enviarían una intimación. Esperé y, al seguir sin novedades, volví a consultar y me dijeron que no tenían noticias, que cualquier cosa me iban a avisar. Hasta ahora no se volvieron a comunicar conmigo”, contó.

La joven expresó su preocupación ante la inacción de la Justicia, la cual se incrementó luego de que vecinos de su pareja le contaran que habían visto a los hombres que la agredieron circulando en motocicleta por el barrio. “Me siento desprotegida porque al fin de cuentas ellos no pagaron por su delito con una condena, no entregaron el dinero acordado, no sufrieron una represalia por esto y siguen en libertad. Siento que el MPF se desentendió del caso”, dijo.

Su abogado, Juan Sebastián Bauque, presentó un escrito en la Fiscalía para exigir que tomaran cartas en el asunto. “Por el momento no hicieron nada. Es una vergüenza lo que pasó, sentimos que la Justicia le soltó la mano. Están al tanto del incumplimiento no solo de los pagos, sino del acuerdo al que se había llegado entre todos y no hacen nada al respecto; dejaron desamparada a la víctima”, apuntó.

Delitos menores: cómo funcionan las reparaciones económicas

La agresión a Nadia no es el único caso de esta índole que Bauque atendió en el último tiempo. Según le dijo a LA GACETA está interviniendo en aproximadamente 10 causas en las cuales los imputados no cumplen con los pagos acordados en los acuerdos que se arriban entre las partes. El más reciente fue el de un hombre atacado por tres viudas negras, que tras abonar la primera cuota de la reparación económica desaparecieron. “Cuando pasan situaciones como estas suelen pasarse la pelota entre los diferentes institutos que controlan las salidas alternativas. En estos dos casos desde la Fiscalía Especializada me mandaron a hablar con la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), luego me dijeron que vaya a la Fiscalía de Ejecución, pero no conseguimos una respuesta certera de ningún lado”, apuntó.

¿Estrategia? La teoría de un abogado ante las demoras del MPF

Para el abogado Juan Sebastián Bauque la falta de acción por parte del Ministerio Público Fiscal para controlar e intimar a los imputados a abonar las reparaciones acordadas podría deberse a una estrategia judicial. “Muchas veces son las propias víctimas las que se cansan de reclamar el pago de las deudas y desisten de la acción penal. Otras veces la Fiscalía, sabiendo que el acusado está incumpliendo el acuerdo pactado y que por ello deben ser sancionados, dejan las causas en una nebulosa, esperando a que pasen los años y el legajo quede frenado”, apuntó el profesional.