La muerte de Jonathan Emmanuel “Nando” Rodríguez está atravesada por un drama social: el consumo problemático de drogas. Un adolescente de tan solo 15 años llamó a la Policía para que controlara a su hermano, que estaba generando problemas, con el fin de que lo calmaran o lo trasladaran a un centro asistencial para su tratamiento. La familia sabía que esa era la única solución que tenía a su alcance. Situaciones como esta se repiten día a día en Tucumán. Sólo en el Centro Judicial Capital, fuentes del Ministerio Público Fiscal informaron que el consumo problemático de drogas está presente en siete de cada 10 denuncias por violencia doméstica que se reciben.

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En las últimas semanas, en Tribunales se conocieron dos casos que dejaron al descubierto esta problemática. Un hombre se presentó en la casa de su ex mujer para visitar a sus tres hijos. Allí descubrió que los menores se encontraban solos desde hacía varios días y que vivían en una situación deplorable. Dormían en el suelo, no tenían baño y se alimentaban con lo que les daban los vecinos. La madre, que sufre problemas de adicción, había decidido viajar a Burruyacu con su pareja.

Fue acusada de abandono de persona respecto de sus hijos. Una jueza, a pedido del fiscal Mariano Fernández, le dictó la prisión preventiva y también dispuso una rápida intervención por parte de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinayf) para que buscara una solución a este drama familiar, que no solo consistía en atender la situación de los niños, sino también en evaluar la posibilidad de que la imputada reciba un tratamiento por su adicción. El padre también recibió una advertencia por parte de la magistrada, ya que adujo que no podía hacerse cargo de los pequeños.

El otro expediente también fue polémico de principio a fin. Una mujer denunció que su hermano, que tiene problemas de consumo, no le permitía ver a su madre. Según la presentación que realizó, el acusado vivía con la mujer porque le cobraba la pensión y utilizaba el dinero para comprar drogas.

Los investigadores se presentaron en el domicilio y descubrieron que la septuagenaria se encontraba en estado deplorable. Decidieron internarla porque estaba desnutrida y con diferentes problemas de salud por no tomar las pastillas que le habían recetado los médicos. El hombre fue acusado de abandono de persona y el Ministerio Público solicitó que se le dictara la prisión preventiva. La magistrada aceptó la acusación en su contra, pero ordenó que siguiera el proceso en libertad. Además, le hizo un llamado de atención a los otros hijos por no haberse ocupado de la madre.

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Los problemas se registran todos los días en los tribunales. Los fiscales consultados coinciden en señalar que es una situación que se va agravando con el correr del tiempo. “Muchas veces, los denunciantes, al darse cuenta de que por su denuncia el pariente es detenido, se presentan a retirar la acusación. Es una cuestión muy compleja”, advirtió uno de ellos.

Sólo los casos más graves terminan con una acusación; los demás se resuelven parcialmente. Fuentes judiciales confirmaron que la solución pasa por disponer un proceso de desintoxicación como una alternativa que es únicamente paliativa. Otros familiares, hartos de sufrir robos y actos de violencia, solicitan una exclusión del hogar o una medida de prohibición de acercamiento para protegerse. Estas medidas, según los especialistas, incrementan la cantidad de adictos en situación de calle.

“Sólo si se demuestra que por su adicción pone en riesgo a terceros se puede ordenar una internación forzada; caso contrario, no”, indicó un funcionario. “Ahora se está hablando de una reforma en la ley de Salud Mental; espero que nos dé herramientas para poder afrontar esta problemática. Claro está que este no es un tema penal”, añadió.

El jefe de Policía, Joaquín Girvau, coincidió con el análisis de los fiscales. “Es una situación muy compleja porque se registra en un entorno familiar. Muchas veces nos llaman y, cuando llegamos, nos agreden o insultan porque intervenimos”, explicó. “El personal se capacita en cómo debe actuar ante este tipo de casos. No es sencillo para nadie intervenir en un caso en el que una madre denuncia a su hijo por robo o agresión”, finalizó.