Manuel Adorni, jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei, podría ser citado a declaración indagatoria antes de la feria judicial de invierno, prevista para las últimas dos semanas de julio, en el marco de la investigación que llevan adelante el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita por presunto enriquecimiento ilícito y otros posibles delitos vinculados a su relación con el productor televisivo Marcelo Grandio.

Según fuentes judiciales, el magistrado espera concluir las últimas medidas de prueba antes de definir la convocatoria. La declaración indagatoria constituye una instancia de defensa para el imputado y se dicta cuando el juez considera que existen elementos suficientes para sospechar de la comisión de un delito, aunque no implica culpabilidad, consignó el diario "La Nación".

En los tribunales de Comodoro Py consideran que, si Lijo avanza con la indagatoria, el escenario más probable sería un posterior procesamiento. La investigación sobre Adorni se centra en supuestas inconsistencias patrimoniales, vínculos comerciales con Grandio y el financiamiento de un viaje privado a Punta del Este, Uruguay.

Uno de los focos del expediente es la relación entre Adorni y Grandio, titular de la productora Imhouse, empresa que mantiene seis contratos de coproducción con la TV Pública. La Justicia investiga además transferencias de dinero realizadas por la firma antes de que Adorni asumiera funciones públicas.

También está bajo análisis el viaje que Adorni realizó junto a su familia a Punta del Este durante el fin de semana largo de Carnaval. Aunque el funcionario aseguró que pagó el vuelo con dinero propio, la investigación judicial sostiene que el trayecto habría sido abonado por Grandio. Esa situación podría derivar en imputaciones por negociaciones incompatibles con la función pública o recepción de dádivas.

Entre las últimas medidas ordenadas por Lijo figura el cruce de llamadas entre los teléfonos de Grandio, Adorni y Horacio Silva, socio fundador de Imhouse. La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) deberá establecer si existieron contactos coincidentes con la firma de los acuerdos entre la productora y la TV Pública, además de analizar la geolocalización de los dispositivos.

La investigación también alcanza los contratos firmados entre Imhouse y la TV Pública para la producción de programas radiales, ciclos de streaming y contenidos televisivos. Los convenios contemplan que la empresa asuma costos de producción y reciba ingresos publicitarios hasta recuperar la inversión, para luego compartir utilidades con el Estado.

Grandio mantiene desde hace años un vínculo cercano con Adorni. Su productora estuvo detrás del programa “Dos en Pausa”, conducido por el actual jefe de Gabinete en 2022. Además, Grandio participó en 2024 de un programa emitido por Radio Nacional y, según una fuente citada en la causa, su continuidad dependía del aval de Adorni, quien entonces era vocero presidencial.

Con relación al vuelo privado a Punta del Este, declaró como testigo Agustín Issin Hansen, broker que adquirió a la empresa Alpha Centauri un paquete de 10 viajes por U$S42.250. Según su testimonio, uno de esos vuelos fue vendido a Grandio. También afirmó que el viaje de ida fue facturado directamente a Imhouse y que el regreso fue vendido posteriormente al productor por U$S3.000.

La Justicia incorporó además documentación sobre el pago de esos vuelos y detectó que ninguna de las facturas quedó a nombre de Adorni, pese a que el funcionario reiteró públicamente que había costeado el viaje.

En paralelo, la causa por supuesto enriquecimiento ilícito pone la lupa sobre dos propiedades que, según la investigación, no habrían sido declaradas. El principal foco está puesto en una casa ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, escriturada en noviembre pasado por unos U$S120.000.

La investigación sostiene además que se habrían realizado refacciones integrales por alrededor de U$S245.000, junto con gastos adicionales de ingreso al country y adquisición de mobiliario no declarado. El monto total analizado en el expediente rondaría los U$S370.000.

Fuentes judiciales señalaron que, además del presunto enriquecimiento ilícito, parte de las maniobras investigadas podrían eventualmente encuadrarse en lavado de dinero.

Otro aspecto bajo análisis judicial es la presencia de efectivos de Gendarmería Nacional en el ingreso al country Indio Cuá, luego de una movilización realizada en las inmediaciones del barrio privado. Si se comprobara que los agentes fueron destinados a custodiar la vivienda particular del funcionario, la Justicia evalúa la posible configuración del delito de peculado por utilización de recursos públicos en beneficio personal.