La Comisión de Juicio Político de la Legislatura resolvió esta mañana rechazar el pedido de destitución promovido contra el presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia, Miguel Chaibén Terraf, y dispuso el archivo definitivo de las actuaciones.

El funcionario había sido acusado por los periodistas Mauricio Formoso, Roque Galeano y Martín Faciano por presunto mal desempeño e incumplimiento de los deberes de funcionario público por el control que se realizó sobre una obra ejecutada en el Complejo Penitenciario de Benjamín Paz.

El comité que preside Sergio Mansilla, sin embargo, concluyó que los hechos denunciados no constituían causal válida para promover un juicio político. “Las circunstancias esgrimidas como causales por los denunciantes no se encuentran encuadradas en ninguno de los incisos 1) y 2) del Artículo 17 de la Ley N° 8.198, siendo las mismas de interpretación restrictiva sin admitirse la recusación sin causa conforme la mencionada ley sobre la cual descansa el presente proceso”, plasmaron en la Resolución N° 631 Mansilla y los legisladores Aldo Salomón, Rodolfo Ocaranza, Sara Assán, Tulio Caponio, Paula Galván, Mario Leito, Carlos Verón Guerra, Roberto Moreno, Leopoldo Rodríguez, Francisco Serra y Claudio Viña.

Presentación

La presentación contra el titular del Tribunal de Cuentas fue efectuada a mediados de mayo, cuestionaba el control preventivo sobre una obra ejecutada en el Complejo Penitenciario de Benjamín Paz y sostiene que, según una investigación periodística del medio Enterate Noticias, Chaibén Terraf habría sugerido una vía de convalidación posterior mediante decreto para regularizar trabajos ya realizados.

Los denunciantes vinculan esa publicación con el posterior Decreto N° 850/8, mediante el cual se habría aprobado el gasto y el pago de $294.852.768,52 a la firma HAGA U.T. por obras en el establecimiento socioeducativo “San José Gabriel del Rosario Brochero”. Además plasmaron en el escrito que el punto central de la denuncia no es la necesidad de la obra ni el contenido del decreto, sino la secuencia institucional que habría derivado en la aprobación y pago de trabajos ya ejecutados. Según plantearon, la gravedad radicaría en la eventual desnaturalización del control preventivo que debe ejercer el Tribunal sobre el uso de fondos públicos, algo que fue rechazado por la comisión de Juicio Político.

“Esta comisión no advierte cuál conducta de gravedad atribuible al presidente del Honorable Tribunal de Cuentas, C.P.N Miguel Chaibén Terraf, motivaría un procedimiento como el que aquí se intenta, si el control posterior es una facultad prevista en la Constitución de la Provincia y los denunciantes no cuestionan su legalidad ni el acto administrativo que lo motiva”, sentenciaron en la resolución.