BUENOS AIRES.- El grupo Clarín denunció penalmente por a funcionarios nacionales, legisladores, agrupaciones sociales, políticas y a periodistas, en una nueva acción judicial a dos semanas de la llegada del 7 de diciembre, día en que entra en plena vigencia en forma integral la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
El recurso, informó el diario "Tiempo Argentino", fue interpuesta por los abogados de Clarín el jueves de la semana pasada, y a través de un escrito de 35 páginas acusa por el supuesto delito de incitar "a la violencia colectiva" contra sus directivos a funcionarios, como al ministro de Justicia, Julio Alak; el secretario de Legal y Técnica de Presidencia, Carlos Zannini, y al titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, a quien describen como el "recientemente nombrado para la ejecución de la Ley de Medios".
También apuntó la acción penal contra al jefe del bloque de legisladores porteños del FpV, Juan Cabandié, y contra el diputado nacional Edgardo Depetri. La acusación incluye también a los integrantes de las agrupaciones de La Cámpora, el Frente Transversal y el Movimiento Evita. Además, abarca al periodista Roberto Caballero, director y fundador de Tiempo Argentino, y a sus colegas Sandra Russo y Javier Vicente.
Acompañamiento del CELS
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) anunciará hoy que asumirá la defensa de los periodistas Caballero, Russo, Vicente, Nora Veiras, Edgardo Mocca y Orlando Barone, quienes fueron denunciados por el Grupo Clarín. La decisión fue difundida por medio de un comunicado de prensa firmado por su presidente, Horacio Verbitsky; su secretario, Damián Loreti, y su director ejecutivo, Gastón Chillier, en el cual se informa que hoy se hará una conferencia a las 17.
El CELS afirmó: "no es menos grave el amordazamiento de la libertad de expresión cuando lo intenta una poderosa empresa privada que si proviene del Estado, dado que para una y otro rige la Convención Americana sobre Derechos Humanos que, en su artículo 13, exige el respeto a la libertad de pensamiento y de expresión".
Por este motivo, el CELS -que representó a Eduardo Kimel, Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en causas iniciadas por funcionarios del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo- "hará lo propio ahora con los periodistas a los que el Grupo Clarín pretende intimidar por afirmaciones hechas en ejercicio de derechos constitucionales indiscutibles", señaló el comunicado. (Tiempoargentino.com - Télam)