- Gobernador, hay una investigación del Tribunal de Cuentas en la Dirección General de Rentas (DGR). ¿Cómo analiza esto?

- Que se investigue. Bueno, es lo que salió (en alusión a la publicación de ayer de LA GACETA). Que se investigue.

El titular del Poder Ejecutivo, José Alperovich, fue escueto a la hora de responder sobre el escándalo en la DGR por cientos de expedientes que fueron archivados presuntamente de manera irregular o que desaparecieron de la repartición entre 1999 y 2002. Ante una consulta de este diario, el mandatario instó a que prosiga la pesquisa del TC sobre estos hechos. Pero, a la vez, eligió no defender a ninguno de los ex funcionarios imputados por el ente de control.

Entre los posibles implicados están el ex titular de Rentas, Emilio Armando De Lisi, hoy contador fiscal del Tribunal de Cuentas; Hugo Arredondo, ex jefe del Departamento Fiscalización; Silvio Bellomío, ex subjefe de la Subdirección Legal y Técnica, y actual secretario de Economía y Hacienda de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán; y Miguel Ángel Jaime, ex empleado de la repartición.

Además, el 18 de diciembre, las autoridades del TC, Miguel Chaibén Terraf (presidente), Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci (vocales), firmaron el acuerdo Nº 3639/12, en el que rechazan de manera categórica un planteo de los abogados de Bellomío. Según los representantes del funcionario amayista, Marcos Rougés y Agustina Bauque, había versiones de que se quería "hacer desaparecer" un dictamen del expediente que tramita el organismo de contralor, en el que supuestamente se "mencionaría la responsabilidad del propio denunciante", Pablo Clavarino. El gobernador, en sus declaraciones de ayer, optó por no referirse a la situación de su funcionario, ni al polémico planteo de los letrados Rougés y Bauque.

En junio de 2008, el Tribunal de Cuentas inició una comprobación sumaria en Rentas, a raíz de una serie de actuaciones giradas por Clavarino sobre presuntas irregularidades en la repartición. Al año siguiente, se sustanció un juicio de responsabilidad contra De Lisi, Arredondo, Bellomío y Jaime.

En el acuerdo N° 370/09, los investigadores fiscales consignaron que se había constatado la remisión a archivo directo de 435 expedientes a los que les faltaban pocos pasos para llegar a la notificación de los contribuyentes. "Asimismo, se comprobó la inexistencia de ciento 167 expedientes", indicaron los auditores. Y estimaron que el presunto daño patrimonial por lo que no pudo recaudar el fisco ascendía a $ 2,8 millones, sin contar intereses.

En aquella resolución, una de las últimas que se publicó en la web del TC con detalles sobre el expediente, los contadores fiscales sostienen que la mayoría de los expedientes investigados habían permanecido entre 1999 y 2002 en las oficinas del Departamento de Fiscalización, que estaba a cargo de Arredondo. El entonces funcionario, siempre según aquella hipótesis, les agregaba un rótulo que decía "paralizado por bloqueo fiscal", aunque los auditores consideran que no había sustento para brindar ese beneficio a los contribuyentes. Luego, habría remitido los documentos a la Subdirección Técnica y Legal, donde Bellomío supuestamente los archivaba.

Este escándalo volvió a ser retomado por el TC el 18 de diciembre, cuando emitió el acuerdo 3639/12 para rechazar un planteo de los representantes de Bellomío.

Los abogados Rougés y Bauque habían cuestionado que no se les permitiera acceder al expediente, y habían asentado su preocupación por versiones de que existía en la causa un dictamen que perjudicaría a Clavarino, y que se lo quería hacer desaparecer. "Bajo la inaceptable cobertura de un dicho (corren rumores), carente de la seriedad que debe mantener un letrado en un escrito profesional, se formula una acusación que, a pesar de los términos potestativos empleados (aparentemente), no logra ocultar una grave acusación", sostuvo el organismo de contralor.

Pese a esto, Rougés le envió ayer un correo electrónico a LA GACETA en el que considera que aquel planteo formulado ante el TC "constituye una noticia antigua", ya que había sido presentada en el primer semestre de 2012 (N. de la R.: el ente de control publicó el acuerdo 3639/12 a fines de diciembre).

Además, pese a que Clavarino pidió la intervención del Tribunal de Cuentas en el origen de la pesquisa, y su cliente formuló la advertencia sobre las presuntas maniobras que favorecerían al actual titular de Rentas, Rougés aseguró que ese planteo "no tendía en modo alguno a cuestionar a ningún funcionario de la administración pública provincial". "La supuesta diferencia que se quiere generar a partir de esta presentación entre mi representado y el señor Clavarino no es algo que derive de las constancias del expediente, ni de la voluntad de mi conferente, ni tampoco de la mía", dijo Rougés.