SANTIAGO DE CHILE.- El presidente chileno Sebastián Piñera pidió "una lucha frontal contra la violencia", luego que dos agricultores murieran calcinados en su casa, tras sufrir el ataque incendiario de una veintena de encapuchados en la zona mapuche, al sur del país. "Tienen responsabilidad -si bien no penal, pero responsabilidad política o moral- todos aquellos que de una u otra forma colaboran con estos actos de terrorismo y de violencia protegiendo, amparando, fomentando, justificando o estimulando estos hechos", dijo Piñera.

El incendio en Vilcun, que acabó con la vida de Werner Luchsinger y su esposa, Vivianne, ocurre en momentos que comunidades mapuche exigen devolución de tierras ancestrales y autonomía, en medio de conflictos con los propietarios y el Estado. El crimen, que motivó un rechazo en los partidos, coincidió con el quinto aniversario del asesinato del comunero mapuche Matías Catrileo, muerto por un tiro por la espalda por la policía cuando ocupaba justamente un predio de la familia Luchsinger.

Piñera, quien viajó de urgencia a la zona, anunció una serie de medidas especiales, incluyendo "el control del tráfico vehicular y de identidad en los sectores más afectados". El plan presidencial incluye además pedir el nombramiento de un fiscal con dedicación exclusiva al caso y fortalecer la cooperación entre la Agencia Nacional de Inteligencia y las Fuerzas Armadas. La derecha en el poder alega que hay sectores mapuches coordinados con ETA y las FARC operando en la zona, tesis objetada por organismos de derechos humanos y líderes indígenas.

Los diputados de la oficialista Unión Demócrata Independiente, el principal partido de gobierno, pidieron incluso aplicar el Estado de Sitio en la región de Araucanía, ubicada a 700 kilómetros de la capital. La crisis entre el Estado y la etnia mapuche, que provocó sanciones desde Naciones Unidas a Chile, tiene como tranfondo los reclamos de tierras y autonomía de esta etnia. Desde 1990, tras el retorno a la democracia, los gobiernos entregaron o regularizaron la propiedad de 600.000 hectáreas a las comunidades mapuches, que no tienen una estructura jerárquica. (DPA)