Al escudriñar con lupa el convenio entre el Gobierno provincial y la regional de La Plata de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) se observa que el pago por los servicios de los foráneos quedará exento de control. El legislador Ariel García (UCR) alertó que los casi $ 8,5 millones que se abonarán por la elaboración de un proyecto técnico y por el diseño de un acueducto y de una planta para tratar residuos cloacales no irán a las arcas de la UTN platense, sino a la cuenta de la Fundación Facultad La Plata.

"Se busca eludir los controles de la Sindicatura General de la Nación, que no se realizan sobre fundaciones, pero sí sobre los recursos que manejan las unidades académicas de las universidades públicas", advirtió el radical, uno de los tres legisladores que votó en contra de las leyes -los otros son Silvia Elías de Pérez (UCR) y Ricardo Bussi (FR)-, sancionadas el viernes 21 de diciembre, con el voto del bloque alperovichista Tucumán Crece y de los opositores Federico Romano Norri, Roberto Sánchez (UCR), José Páez (Democracia Cristiana) y Alberto Colombres Garmendia (PRO). Los $ 8,5 millones serán aportados por el programa Norte Grande.

"El gobernador (José Alperovich) tiene la oportunidad de vetar, aunque sea parcialmente, la ley y de subsanar este inconveniente que va contra la transparencia en el manejo de recursos, que aunque sean no reintegrables y provengan de organismos financieros internacionales, se deben preservar", dijo García.

Agregó que con el veto, al mandatario también podría satisfacer el reclamo de los decanos de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Sergio Pagani, y de la filial tucumana de la UTN, Walter Fabián Soria, que se mostraron molestos, porque el alperovichismo no eligió contratar a expertos de esas unidades académicas.

Modificación de una ley
En el caso de la regional local de la UTN, el reclamo trascendió al decano. El Consejo Directivo de la facultad aprobó, por unanimidad, una resolución que repudia el acuerdo con los foráneos. En ese texto, las autoridades reclaman al oficialismo que modifique, para dar precisión, la Ley N° 7.071. El artículo 1° de esta señala: "la Universidad Nacional de Tucumán, la UTN, la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino y la Universidad de San Pablo-Tucumán, serán consultoras preferenciales del Estado Provincial y, en tal carácter, podrán ser contratadas para prestar servicios de asesoramiento, de investigación o técnicos". Como salta a la vista, el de la UTN es el único caso en que no se destaca el carácter tucumano de esta casa de altos estudios. A raíz de ello, los consejeros y el decano piden que se modifique la norma, para desambiguar el texto. "Consideramos absolutamente necesario para evitar las repeticiones de este tipo de hechos modificar (tal artículo)", señala la resolución aprobada por el Consejo Directivo de la filial local de la UTN. Precisamente, piden que se agregue, luego de "Universidad Tecnológica Nacional" la frase "Facultad Regional Tucumán". 

Para justificar la contratación de los ingenieros platenses, los autores del proyecto hicieron referencia, en el primer punto de la norma, a la Ley N° 7.071. Si en ese texto hubiese quedado claro que se trata de la UTN-Tucumán, el Gobierno no habría podido rubricar el convenio con la regional de la ciudad bonaerense de esa universidad.