Dos pacientes esperaron las operaciones en las que les implantarían prótesis. Llegaron las fechas de sus turnos, pero en los quirófanos los objetivos de las intervenciones no se habrían cumplido. Los registros de un médico, sin embargo, dicen lo contrario. Estas líneas describen las inusuales situaciones que vivieron en 2011 dos mujeres en el Hospital "Ángel C. Padilla" y que derivaron en los últimos meses en investigaciones en el Sistema Provincial de Salud (Siprosa) y en el Tribunal de Cuentas provincial (TC).

De acuerdo con la pesquisa, en los dos casos, el médico Pedro Ance Cardozo "emitió varios certificados de implante, pese a que nunca fueron colocados". Ambas personas necesitaban placas, tornillos e instrumental en sus piernas que costaban alrededor de $ 10.000 por cada uno (hoy superan ese valor).

Como consecuencia, el profesional cumplió una suspensión que le impuso el Siprosa y ahora será investigado por el TC, debido a que se sospecha que podría haber habido un daño patrimonial al estado. Los jueces del organismo de control Miguel Chaibén Terraf (presidente), Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci (vocales) firmaron el 11 de diciembre el acuerdo que dispone el inicio de una comprobación sumaria.

Poco común

La luz de alerta fue encendida por un familiar de una de las pacientes (se resguarda sus identidades), que presentó pruebas en el hospital por la presunción de que la prótesis no había sido colocada. Los mecanismos internos de control se activaron y en esa ocasión detectaron que los elementos estaban en el hospital. El documento del TC consignó que quedó en resguardo en la Farmacia de la institución. Luego, fue utilizada en otro paciente que lo necesitaba. En el otro caso, en tanto, los expedientes aclaran que los materiales fueron retirados de la empresa de ortopedia pero nunca habrían ingresado al Padilla, por lo que se desconoce su destino. Todos los elementos fueron abonados.

"Esto demuestra que el sistema funciona. Implementamos nuevas formas de auditorías y los procedimientos son más estrictos", afirmó el director del hospital, Jorge Valdecantos (no ocupaba el cargo cuando ocurrieron los hechos). Explicó que los controles deben ser exhaustivos dado que se realizan hasta 500 operaciones por mes en los quirófanos del Padilla.

No es común que se produzcan este tipo de casos en el Siprosa, según manifestó el juez Díaz Ricci. Explicó que la comprobación sumaria es un "pre juicio". "Es el paso previo al llamado juicio de responsabilidad. Se analizará, mediante una investigación, si hay fundamentos para abrir el proceso", detalló. Precisó que en este tipo de procedimientos, cuando se constata alguna responsabilidad o delito, y tras el juicio, el agente podría ser sancionado y obligado a devolver dinero. Como también podría ocurrir que se determine que no cometió irregularidades.

El TC designó un instructor que en 60 días hábiles (la feria no cuenta) deberá elevar al cuerpo sus conclusiones.