El confuso episodio que derivó en el fallecimiento de Myrtha Raia (84) y las sospechas de la familia tuvieron repercusión ayer en la Justicia Federal. Ocurre que la pianista y otros familiares iban a ser testigos en la megacausa por crímenes de lesa humanidad "Arsenales II-Jefatura II", que se sustancia en el Tribunal Oral Federal (TOF) local. Pero, durante la madrugada del sábado, la mujer fue atacada brutalmente en su vivienda y murió días después. Se cree que habría sido víctima de un intento de robo, pero el agresor no se llevó nada de la casa. Esta particularidad alertó a sus allegados primero y a autoridades nacionales después.

El coordinador del Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Juan Guillermo Valera Laterrade, efectuó en las últimas horas una presentación por fax ante el TOF por el caso Raia. El Tribunal hizo lugar a los requerimientos de inmediato.

El juez Gabriel Casas (presidente) ordenó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria que instale un servicio de custodia personal móvil sobre los allegados de la mujer que prestarán declaración en la causa. Además, pasarán a formar parte del "Programa de Protección de Testigos e Imputados".

Por otro lado, el personal de ese plan deberá realizar un informe periódico sobre la situación de los testigos y acerca del avance de la causa sobre el homicidio de la reconocida artista.

La lista de testigos suma 600. Hasta el momento, pasaron una treintena por frente al estrado. Desde el inicio del debate oral (el 12 de noviembre pasado), no se registraron amenazas hacia los testigos. Los únicos episodios similares denunciados por abogados querellantes ocurrieron dentro de la sala de audiencias.

En diferentes oportunidades, dos imputados (Miguel Chuchuy Linares y Hugo Figueroa) habrían realizado señas amenazantes a familiares de desaparecidos que se encontraban en el lugar. Raia tendría que haber declarado por el secuestro y la desaparición de su hijo Horacio Marcelo Ponce. También lo harían otros allegados a él, que son los que serán protegidos a partir de ahora.

De acuerdo con los expedientes judiciales, Ponce era un joven estudiante de Derecho y militante de la Juventud Peronista (JP). Había sido secuestrado por primera vez en 1975. El 24 de junio había sido alojado en la Jefatura de Policía y llevado luego al Centro Clandestino de Detención (CCD) conocido como "La Escuelita", que funcionó en la escuela "Diego de Rojas" de Famaillá. En esa oportunidad fue liberado. El 22 de abril de 1977, fue capturado nuevamente. Según la causa, fue sacado de su casa de Italia al 2.000 por un grupo armado. Habría sido llevado a la Jefatura, donde lo habrían torturado. Su nombre figuraba en el "Índice de declaraciones de Delincuentes Subversivos" con la sigla "DF" (disposición final), documento que fue aportado por el testigo Juan Carlos Clemente durante la causa "Jefatura I" (2010)

En el proceso se juzga la responsabilidad de 41 imputados en 222 casos. Los hechos tuvieron como escenario los CCD de la Jefatura y el Arsenal. Tras la feria judicial, se reanudará el 7 de febrero.