Los legisladores que integran la comisión de Juicio Político creen que esta tarde podrían ya tener las respuestas del fiscal federal marplatense, Daniel Adler. Si bien el experto no participó del caso "Marita" Verón, Susana Trimarco -madre de la joven raptada hace 10 años-, lo ofreció como testigo para que exponga cuáles son los derechos que amparan a las mujeres-víctimas durante un proceso penal, oral y público.

Precisamente, la convocatoria al fiscal federal fue cuestionada por la defensa de los jueces Alberto Piedrabuena, Eduardo Romero Lascano y Emilio Herrera Molina. Los magistrados afrontan un pedido de destitución presentado por Trimarco, luego de que absolvieran a los 13 acusados por la desaparición de Marita Verón.

Los abogados Roberto Toledo y Arnaldo Ahumada, que representan a Piedrabuena y Herrera Molina, presentarán en mesa de entradas de la Cámara una nota dirigida a la comisión. Pretenden que se fije un cronograma de reuniones; que se indique el orden del día de cada encuentro; y que se hagan conocer "esas circunstancias a los acusados, a sus defensas y a los medios de prensa para su comunicación a la sociedad". Pero, además, plantearon la nulidad de la declaración que pueda formular el fiscal federal Adler. "La decisión que se adoptó ante la incomparecencia del testigo propuesto por la parte denunciante, de remitirle un 'pliego o cuestionario', además de resultar absolutamente nula, lleva en sí misma una indisimulable esencia que se omite calificar y que hace incursionar también a este proceso, que venía transitando solamente por carriles de tragedia, en el género de la comedia", objetaron los letrados.

Toledo y Ahumada recordaron que los legisladores sólo pueden analizar la conducta de los jueces durante las audiencias públicas, pero no el contenido del fallo. "Se pretende por un cuestionario epistolar que una persona que no estuvo ni en una audiencia del proceso penal se refiera a conductas que él no vio. Con eso se pretende fabricar una acusación", añadieron. También advirtieron que la defensa no pudo examinar ni formular o sugerir ampliaciones al cuestionario que elaboró la comisión.

El plazo para que los legisladores definan si acusan o no a los magistrados ante el Jury de Enjuiciamiento vence el 4 de abril.