MADRID.- El Gobierno español dispuso ayer que los escraches a los dirigentes políticos se realicen a más de 300 metros de donde estén, ante la adopción de numerosas organizaciones de esta metodología de protesta (copiada de la Argentina) para protestar contra los desalojos por impago inmobiliario.
El secretario de Seguridad, Francisco Martínez, anunció que se establecerá un cordón de seguridad alrededor de las viviendas en las que se hayan convocado concentraciones. La decisión fue calificada de antidemocrática por la izquierda y por los activistas contrarios a las medidas estatales de ajuste, pero fue justificada como un intento de "compaginar el derecho de manifestación y reunión con el derecho a la intimidad, a la imagen, a la inviolabilidad del domicilio y a no sentirse presionado al votar".
Los escraches, promovidos por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), se multiplicaron en las últimas semanas para presionar a dirigentes del gobernante Partido Popular (PP) que voten a favor de una iniciativa con medidas que benefician a quienes no pueden pagar sus viviendas y están amenazados por el desalojo. Entre las personas alcanzadas están la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; y los diputados Celso Delgado e Ignacio Gil Lázaro.
Además se realizan escraches constantemente ante las sedes del derechista PP en todo el país, los que también quedarían prohibidos. El martes, un fuerte despliegue de efectivos de la Policía Nacional impidió que miembros de la PAH protestaran frente a la sede central del partido oficialista en Madrid. A la distancia, los manifestantes realizaron una asamblea pacífica bajo la consigna "Si me echas de casa, dormiré en tu puerta".
Entre tanto, siguen en España las repercusiones por el caso de corrupción que alcanzan al yerno del rey Juan Carlos, Iñaki Urdangarin, y a su esposa, la infanta Cristina, imputados por la Justicia por hechos ilícitos con dinero del Estado. Ahora, la hermana del monarca, Pilar de Borbón, calificó de "fenomenal" que Urdangarin se vaya a Qatar como director técnico de la selección de handball, con lo cual tomará distancia del escándalo.
A su vez, el presidente del Gobierno regional de Galicia y uno de los dirigentes más importantes del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió ayer disculpas por la amistad que mantuvo con el narcotraficante gallego, Marcial Dorado, hace 20 años. "Me equivoqué. No fui prudente", admitió, tras conocerse unas fotos de él con el delincuente, condenado a 14 años de prisión. (Télam-DPA)