Pasaron nueve años desde que una fiscala halló a un menor detenido en una comisaría por una contravención sin estar registrado en el libro de detenidos. Hace tres años ya que la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Contravenciones sancionada por la última dictadura militar. Pero nada cambió. En 2013 se denunciaron al menos cinco casos en la Justicia de detenciones realizadas por una supuesta contravención, y que en realidad encerraron un pedido de dinero para "que no pase nada" (el último generó la detención de todo el personal de la Brigada de Investigaciones Norte). La inconstitucional ley de Contravenciones sigue "vivita y coleando" a pesar de que el máximo tribunal dijo que "no está en condiciones de satisfacer el estándar constitucional mínimo".
Esta práctica existe, como está demostrado, por lo menos desde hace nueve años. El poder de un policía de detener a una persona afirmando que cometió una contravención tiene como único árbitro al jefe de Policía. Es casi nulo el número de afectados que recurre a un juez correccional, y prefieren cumplir los días de detención o pagar una multa. Eso si no se paga un soborno. En el calabozo de una comisaría conviven el acusado de un robo o de un homicidio y el que estuvo gritando en la calle causando "desórdenes".
En el Poder Legislativo no se hacen cargo de la urgencia de dictar una norma constitucional; en el Poder Judicial recién ahora pareciera haber aires de poner un freno al abuso policial, mientras en el Ejecutivo sólo buscan que la tormenta de cada escándalo de corrupción pase sin dejar secuelas. Pero el clima no mejora, y cada vez llueve más.