BUENOS AIRES.- La Cámara Federal de Casación Penal declaró el viernes inadmisibles los recursos que usaron el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, su pareja y sus hijas, para que se declare inconstitucional el artículo 268 (2) del Código Penal. Este establece el castigo para los funcionarios públicos que se enriquecen ilícitamente por su paso por la administración estatal.

De esta manera, si bien Jaime podría intentar apelar a la Corte Suprema, el juez federal Sebastián Casanello podría citarlo a prestar declaración indagatoria en las próximas semanas, según publicó ayer el diario Clarín.

Jaime fue imputado por el fiscal Carlos Rívolo hace tres años. Le requirió que justificara unos $ 12 millones a partir de diversos bienes que se le atribuyen a él mismo o a sus familiares, también bajo investigación. El ex funcionario negó las propiedades que se le atribuyen. El paso siguiente sería el llamado a declaración indagatoria.

La sala III de la Cámara de Casación, con la firma de los jueces Mariano Borinsky, Eduardo Riggi y Liliana Catucci, rechazó los argumentos del ex secretario de Transporte kirchnerista y citó jurisprudencia de la Corte para avalar su postura, por un planteo similar formulado tiempo atrás por la ex polifuncionaria menemista María Julia Alsogaray, quien terminó condenada por el mismo delito.

La defensa de Jaime objetó la figura del enriquecimiento ilícito al considerar que "viola la presunción de inocencia", al obligarlo a justificar el origen supuestamente lícito de sus bienes. Y agregó que ello es injusto para quien solamente haya consentido asumir una función pública. "... Los recurrentes no han logrado demostrar que el caso comporte una cuestión federal suficiente que irrogue a sus asistidos un perjuicio de imposible o tardía reparación ulterior", expresó el fallo de los jueces de Casación.

Los planteos de Jaime y sus familiares ya habían sido rechazados en primera instancia y en la sala I de la Cámara Federal penal porteña. Los jueces de Casación dijeron que la decisión de los jueces inferiores "cuenta con fundamentos suficientes que descartan la tacha de arbitrariedad" de la figura de enriquecimiento ilícito. Fue allí que citaron el fallo de la Corte sobre Alsogaray.

Jaime logró posponer la semana pasada el inicio de un juicio oral en Córdoba justamente derivado de la causa principal por su supuesto enriquecimiento ilícito. Fue por haber intentado ocultar pruebas que luego se perdieron, tarjetas que lo vinculaban a la firma Cerro Motos.