Hoy a partir de las 17 se definirá el perfil de la comisión especial a cargo de elaborar una propuesta de enmienda del proceso penal, que antes de entrar en su tema ha de resolver si abre o no sus debates al público y si adopta sus decisiones por votación o consenso. Guillermo Gassenbauer, legislador ultraalperovichista y secretario del comité interpoderes, anticipó ayer a LA GACETA que impulsará la discusión a puertas cerradas con informes a la prensa y la votación cuando fracase el consenso.

"La publicidad amplia implica prolongar innecesariamente la deliberación porque todos los miembros querrán cuidar su imagen", explicó por teléfono el hijo de Jorge Gassenbauer, ministro de Seguridad Ciudadana. Y añadió que, sin embargo, la exigencia de la transparencia podía ser subsanada garantizando la difusión de las conclusiones del grupo al término de cada reunión. "Lo importante es evitar los divismos y renunciar a los intereses políticos para lograr la reforma que exige nuestra sociedad", expresó.

El parlamentario se pronunció asimismo por la mecánica de la votación (que, en principio, beneficia al oficialismo, cuyos representantes ocupan siete de los 13 sillones titulares del comité). "El ideal es llegar a soluciones consensuadas entre todos, pero, cuando el acuerdo fracase, tendremos que votar", enunció Gassenbauer, que calculó que al comité le espera una tarea ardua y larga.

Puros roces

Esas posiciones sin duda generarán nuevas fricciones en la comisión. Algunos de sus miembros ya deslizaron o explicitaron su pretensión de dar una publicidad amplia al trabajo del equipo integrado por miembros del Poder Ejecutivo (PE), de la Legislatura, de la Justicia y de la abogacía. Ese es el caso de Francisco García Posse, presidente del Colegio de Abogados de la Capital, y de Gerónimo Vargas Aignasse, legislador oficialista.

Pero tampoco será ese el primer choque ni el último que genere la iniciativa de "poner patas para arriba" al sistema penal de Tucumán. Ayer, Gassenbauer repudió la decisión de su par Vargas Aignasse de invitar a Carlos "Chiqui" López, aspirante a juez seis veces vetado por el PE, a participar (con el carácter de asesor ad honorem) de la comisión. "Sólo busca provocarnos", resumió el alperovichista.

"Yo tengo muchos asesores ad honorem que 'pasillan' por los Tribunales y conocen los problemas de la Justicia Penal. Pero no se me ocurre convocar a una persona que está abiertamente enfrentada con el Gobierno de José Alperovich y que, incluso, nos criticó a todos en el programa de Jorge Lanata, principal opositor del kirchnerismo. Vargas Aignasse, que dice pertenecer a ese proyecto, se contradice con su acercamiento a López", arremetió el secretario (la presidencia del comité quedó en poder del también parlamentario alperovichista Marcelo Caponio).

Fue justamente la elección de las autoridades del grupo lo que sacó de las casillas a Vargas Aignasse durante la reunión inaugural del 2 de agosto. "Esta propuesta (del fiscal Edgardo Sánchez) me parece una falta de respeto y una vergüenza. No me gusta que se fabrique todo a mis espaldas, sin una reunión del bloque siendo yo presidente de la comisión de Seguridad y Justicia", bramó.

La diatriba verbal prosiguió en la prensa, con acusaciones cruzadas: Caponio trató de "diva" y "chiquilín caprichoso" al "díscolo"; antes, este había dicho que ni el presidente ni el secretario estaban capacitados para conducir el comité.