Para enmarcar el tono político a la luz de los barquinazos que pegó el Gobierno durante la semana, resulta imprescindible enlazar una frase que pronunció la Presidenta y que fue poco comentada, pese a que contradice de modo evidente sus acciones ("yo digo siempre que en política se puede hacer cualquier cosa menos ignorar la realidad"), con la famosa Ley que expresó hace unos 50 años Edward Murphy Jr. que dice que "todo lo que puede salir mal, saldrá mal".

Si se emparejan ambas afirmaciones como sustento del análisis, habrá que ver a qué porcentaje de esta formulación tan pesimista del científico estadounidense se llegó por errores no forzados surgidos de la confusión presidencial entre ideología y realidad, como parte del desconcierto negativo que todo el kirchnerismo destiló durante estos días, desde las PASO para acá.

Es necesario hacerlo, porque el juego de las comparaciones invita a pensar si, diciendo lo que dice y actuando de modo opuesto, Cristina Fernández en verdad no se está boicoteando a sí misma, tras embarcarse en acciones poco realistas que la han llevado de modo inevitable al escenario que le tocó padecer esta última semana, con responsabilidades que ella misma desvió, como de costumbre, hacia la prensa que informa e interpreta las cosas que el poder no quiere que se informen ni se interpreten. Por lo que fuere y hasta por aquello que dice que la mala onda llama a la mala onda, lo cierto es que una espantosa red de problemas de toda índole le cayó por encima a la Presidenta, la envolvió, la paralizó, le puso los nervios de punta y hasta terminó bajándole aún más el precio al pretendido "debate" que impulsó con los empresarios y sindicalistas más amigos en Río Gallegos. Si ésta era su bala de plata, los primeros indicios sugieren que, al menos, la malgastó.

Cuestiones difusas de su parada en las islas Seychelles, varias bofetadas judiciales muy duras de aquí y del exterior, las desafortunadas comparaciones con Australia y con Canadá, la pérdida de reservas, el mayor endeudamiento del Tesoro con el BCRA y el debilitamiento de la autoridad monetaria, el dólar a $ 9,10 y hasta una fuga de presos que obligó a un cambio de funcionarios a contramano de decisiones previas, más el grito desesperado de Miguel Galuccio pidiendo inversiones de empresas como Chevron, mientras en paralelo La Cámpora acorralaba a LAN y generaba un conflicto con Chile, tienen que haber desestabilizado a la Presidenta.

Igualmente, ella ha demostrado más de una vez que es capaz de sobreponerse a cataratas similares de malas nuevas, pero es evidente que cuando el boxeador retrocede y es desbordado por los golpes, sólo atina a colgarse de las cuerdas o a dejarse caer. Quizás así lo vio Daniel Scioli quien pronunció otra frase imperdible: "Este Gobierno tiene que terminar lo mejor posible", un modelo de ambigüedad para ser interpretada para el lado que más convenga.

El retroceso desde el centro del ring comenzó el domingo último por la noche, cuando en simultáneo con un informe que se estaba pasando por TV y sin conocerlo aún, el Gobierno salió a despotricar por medio de un furibundo comunicado contra el periodista Jorge Lanata. "Sicario. Asesino mediático", le dijo el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, porque difundió algo que se había publicado en el mismísimo Boletín Oficial: que la Presidenta tenía previsto pasar dos días en "visita de Estado" en Victoria, la capital de un paraíso fiscal del Océano Indico. Pero, como estuvo allí apenas "13 horas y media" en una escala que se dijo "técnica", pero que bien podría no haberse hecho, el propio Gobierno armó una conmoción que en general la calle interpretó con la simpleza de un "algo querrán tapar".

El martes, las andanadas llegaron desde la Justicia, ya que tres fallos de la Corte Suprema dejaron literalmente sin habla al Gobierno. Venía tan golpeado por el caso de las Seychelles que apenas hubo alguna reacción sobre cuestiones que dinamitaron sus particulares enfoques sobre la "democratización de la Justicia", el predio de la Sociedad Rural en Palermo y el funcionamiento de la Anses como caja del Tesoro.

En este último terreno, en una decisión de altísimo contenido social, los jueces consideraron que, para calcular el haber inicial jubilatorio, el organismo tiene que computar todo el período de aportes de un trabajador y no el tope de 35 años, al que consideró "inconstitucional", "inaplicable" e "irracional" pues implica, en la práctica, "una suerte de castigo para quienes más trabajaron y aportaron al sistema de la seguridad social", dijo.

Este fallo, por ahora sólo sobre un caso particular, abre otro interrogante en relación a la actitud que tomará la Anses, hasta el momento renuente a aplicar los ajustes que en otros casos ordenó la Corte con el argumento que, de hacerlo, se desfinanciaría el sistema. Si bien esta premisa es verdadera, hay dos elementos que el organismo disfraza: en primer término, que hoy no tiene toda la liquidez necesaria para pagar más, ya que, como le ocurre al Banco Central, tiene en su cartera demasiadas Letras del Tesoro incobrables en el corto plazo. Pero, además, el Gobierno no dice que una parte de los fondos destinados a pagar jubilaciones surgen de impuestos, que siendo tan voluminosos como son, si se direccionarán de otra manera, bien podrían servir para atender mensualmente la nueva y voluminosa nómina, mientras que el stock de deuda, podría ser pagado con algún nuevo título.

En cuanto a la reforma judicial, el Alto Tribunal -de modo unánime- volvió a ponerle límites a la legislación que el Gobierno sacó de apuro en el Congreso para domesticar a la Justicia y declaró "inaplicables" varios artículos de tres de las seis leyes de aquel paquete. Y mantuvo la vigencia de la medida cautelar que frenó el decreto de expropiación de la Rural y rechazó el recurso de apelación por considerarlo "extemporáneo", es decir presentado por los abogados del Estado fuera de los términos establecidos por Ley.

Pero, esto no fue todo. El viernes, otro amparo, esta vez a favor de accionistas minoritarios del Grupo Clarín, puso bajo un paraguas el artículo 20 de la Ley de Mercado de Capitales, por el cual el Estado puede llegar a intervenir cualquier empresa en la que tenga acciones y se transforma en juez y parte de la situación, ya que el intervenido tiene vedado recurrir a la Justicia y la apelación sólo se puede canalizar ante el ministro de Economía. El Gobierno generó además un nuevo tironeo con LAN Argentina, que terminará en sede judicial, ya que el Organismo Regulador del Sistema Nacional Aeroportuario (Orsna) le exigió a la compañía de capitales chilenos y brasileños que "en 10 días" abandone el hangar que utiliza en el Aeroparque Jorge Newbery como base de mantenimiento local que, por contrato, puede ocupar hasta el año 2023.

La empresa se viene quejando desde hace mucho tiempo de las acciones que diferentes organismos estatales han tomado en su contra, como la prohibición para que la partida y llegada de vuelos regionales se haga desde el Aeroparque, el levantamiento de un vuelo de LAN Perú (Rosario-Lima) que no se autorizó que lo siguiera haciendo LAN Argentina con tripulaciones locales, los cargos adicionales que se le pidieron por el uso del servicio de rampas y carga de equipajes y la no matriculación de aviones.

La historia del hangar tiene que ver con la ampliación de los edificios de la estación aérea metropolitana y con la administración de la estación aérea que, a partir del 1 de enero, Aeropuertos Argentinas 2000 le cedió a La Cámpora, organización kirchnerista que ya maneja prácticamente todo el movimiento de cabotaje. Ante la ofensiva, LAN dijo que si no puede mantener el hangar, no será viable que siga operando desde Ezeiza, lo que dejaría a 1.500 familias en la calle.

Hay cuestiones de competencia, de costo de pasajes, de destinos y de distancia de los pasajeros hasta el aeropuerto que ponen en la mira del tironeo a Aerolíneas Argentinas, tal como ocurre con la relación que la secretaría de Energía tiene con las petroleras privadas, donde casi todo lo que se legisla se hace a medida de YPF. Aunque el canciller Héctor Timerman haya asegurado en Santiago que no se trata de un problema entre gobiernos y que fue la prensa la que agrandó el problema, el pecado original vuelve a estar en que también aquí el Estado es juez, pero además parte.

Ahora, la situación avanzará en la Justicia y es más que probable que LAN consiga un recurso de amparo que dilate la solución de fondo, tal como lo lograron las aéreas Tango Jet y Maccair, lo que será vivido seguramente por el Gobierno como otra frustración que, además de las de la semana previa, le pone por delante la "justicia cautelar".

Sin embargo, pese a que nuevamente un Tribunal de los EE.UU. dijo que la Argentina no tiene razón en el modo en que le quiere pagar a los bonistas que no entraron a los canjes de 2005 y 2010, las autoridades disfrutan sin decir una palabra del mismo principio de resguardo patrimonial que pidieron en Nueva York los abogados que representan al país, ya que un amparo a favor impide que se ejecute la sentencia, hasta tanto se expida la Corte Suprema sobre si va a tomar el caso o no.

Con todos estos dados tan cargados dentro del cubilete, no era posible que la convocatoria de Río Gallegos saliera bien. Para la Presidenta, ésa no era una oportunidad para cambiar el rumbo, sino al menos para escuchar, aunque los invitados elegidos fuesen blanditos de profesión.