BUENOS AIRES.- El Gobierno nacional y el Grupo Clarín se enfrentaron ayer en la primera jornada de la audiencia pública convocada por la Corte Suprema para debatir la Ley de Medios Audiovisuales, suspendida parcialmente por la denuncia de inconstitucionalidad sobre cuatro artículos (desinversión, intransferencia y limitación de licencias, y adecuación) presentada por el multimedios. La audiencia fue convocada por considerar el alto tribunal que es un tema de "gravedad institucional", según su presidente, Ricardo Lorenzetti.

"Tenemos que analizar y decidir", señaló el magistrado, quien no dio precisión sobre cuándo se conocerá el fallo la Corte que pondrá fin a cuatro años de batalla judicial. La audiencia fue seguida por una manifestación frente a Tribunales, en favor de la aplicación de la ley.

Expusieron durante la jornada cinco "amicus curiae" (amigos del tribunal) por cada parte, que ratificaron los argumentos que esgrimen el Gobierno y Clarín desde el inicio del conflicto, y tres independientes, entre ellos la procuradora general de la nación, Alejandra Gils Carbó, quien afirmó que "los argumentos que se oponen a la ley son intereses individuales y patrimoniales". "Le pido por favor a la Corte que dicte un fallo histórico. Que evalúen los reales intereses en juego", remarcó.

El titular de la Asociación Argentina de Juristas, Beinusz Szmukler, dijo que el Grupo Clarín es "un monopolio informativo integrado a la red mundial de la desinformación, basada en el ocultamiento de la información que los perjudica", y remarcó la necesidad de proteger la libertad de expresión.

A su vez, el presidente del CELS, Horacio Verbitsky, defendió la plena vigencia de la ley, "a cuya creación hemos contribuido". "Buscamos contribuir a que la democracia sea liberada de los resabios de la última dictadura cívica militar", señaló.

En cambio, los declarantes a favor del Grupo Clarín, crítico del Gobierno, hicieron hincapié en la supuesta inconstitucionalidad de artículos de la Ley de Medios.

También advirtieron sobre los peligros que implicaría el aval a la norma, pues "pondría en jaque a la libertad de expresión, contribuiría a formar un discurso único en cabeza del Gobierno y afectaría derechos patrimoniales consagrados en la Constitución Nacional", dijeron.

Por Clarín expuso el titular del Observatorio Iberoamericano de la Democracia Asdrúbal Aguiar Aranguren, quien apuntó que las restricciones a los medios "son restricciones a la libertad de expresión". "No se debe afectar la pluralidad de los medios existentes de seguir operando".

Por su lado, Eduardo Oteiza (Organización de Empresas de Televisión Pagada para Iberoamérica por el Grupo Clarín), dijo que las regulaciones en EEUU a la TV por cable nunca se aplicaron. "Un tribunal de Columbia consideró inconstitucional el límite del 30% sobre el mercado de la TV paga", apuntó.

En la apertura y el cierre habló brevemente el titular de la Corte, para explicar el procedimiento. La audiencia continuará hoy, cuando los jueces de la Corte escucharán a las partes, el Gobierno nacional y el Grupo Clarín, y luego formularán preguntas. (DyN-Télam)

GRUPO CLARIN

Falsedades y agravios
El Grupo Clarín denunció ayer las "difamaciones, falsedades y agravios" que recibió en la audiencia pública de parte de "expositores presentados por el Gobierno, incluyendo dos funcionarias que deberían guardar neutralidad" (en referencia a la procuradora Gils Carbó y la defensora de medios, Cynthia Ottaviano).

Gils Carbó
Un grupo investigado 

La Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, afirmó que no puede haber derechos adquiridos del Grupo Clarín, al recordar que está investigado por la adquisición irregular de Papel Prensa en 1977 y también por las circunstancias de la fusión de Multicanal y Cablevisión, a la que ella se opuso cuando era fiscal.

Adepa
Igualdad ante la ley 

Los "amigos" elegidos por el Grupo Clarín, Luis Pardo y Carlos Laplacette, de Adepa, sostuvieron: "los artículos 41, 45, 58 y 161 (de la Ley de Medios) son una conculcación de derechos constitucionales respecto de libertad de expresión y la igualdad ante la ley, y eso es un grave retroceso para la sociedad".

Cooperativas
Acceso "a la palabra" 

El titular de Cooperar, Miguel Rodríguez Villafañe, afirmó que en 2009, con la sanción de la Ley de Medios, pudieron acceder "a la palabra", ya que "por 29 años" estuvieron marginados del sistema de comunicación. "Necesitamos la vigencia de la norma para competir en condiciones de igualdad con Clarín", resaltó.

Grossman
Derecho de propiedad 

Grossman, abogado de Clarín, dijo que el Gobierno quiere ocupar un lugar hegemónico en el discurso público. "El tamaño sí importa. El derecho de propiedad implica no desprenderse de un bien si no es de manera voluntaria. Para las conductas monopólicas alcanza con la ley de Defensa de la Competencia", indicó.