No en vano suele afirmarse que Tucumán es una provincia de grandes contrastes. Pueden registrarse experiencias brillantes y otras inexplicables, absurdas para cualquier persona normal. En su sesión de ayer, el Concejo Deliberante de la capital trató, entre otros asuntos, la designación de cinco jueces para completar los diez juzgados que conforman en Tribunal Municipal de Faltas, debido a que la mitad se encontraba vacante desde 1997.

Previamente, un concejal radical había objetado el procedimiento de designación de los magistrados. Señaló que el intendente debió haber enviado previamente los pliegos para consideración del Concejo para que este solicitara los informes pertinentes al Colegio de Abogados, a la AFIP y a otros organismos para saber si los postulantes tienen, por ejemplo, alguna causa penal. Un edil oficialista dijo que se actuó de acuerdo con el artículo 4º de la ordenanza 757, que sólo exige que el candidato sea abogado y mayor de 25 años. También afirmó que el Departamento Ejecutivo había pedido informes en el tribunal de Ética del Colegio de Abogados, así como académicos y de buena conducta. La ordenanza N° 757 fue sancionada en 1982, durante la última dictadura militar. Finalmente, fueron aceptados para ocupar los cargos cuatro de los propuestos por el intendente.

Otro aspecto que provocó alguna controversia fue que dos de los postulantes propuestos por el intendente, tenían lazos familiares con un vocal de la Corte y con un funcionario municipal jerárquico. Este hecho no es nuevo, ya que desde 1983, cuando retornó la democracia, los jueces de Faltas nombrados respondieron, por lo general, al partido gobernante o a los lazos de consanguinidad; por ejemplo, en los años 80, fueron designados tres jueces que eran de la Unión Cívica Radical, partido que gobernaba entonces la ciudad. En la década de 1990, durante la intendencia del bussista Oscar Paz, se designaron en jueces de Faltas que eran parientes del jefe municipal y del presidente del Concejo Deliberante.

El Tribunal de Faltas municipal se ha caracterizado por la morosidad en su funcionamiento; recibe alrededor de 5.000 actas mensuales por diversas infracciones, de las cuales 3.500 son infracciones de tránsito. Ello se entiende, porque desde hace más de tres lustros trabaja sólo la mitad de los juzgados.

Lo inexplicable es que hayan transcurrido 16 años para la intendencia y el concejo cubran estas vacantes fundamentales para el funcionamiento de un órgano que sirve no sólo para multar las transgresiones de los ciudadanos, sino también que debe cumplir con una función educativa.

Por otro lado, aunque las leyes y ordenanzas actuales no lo prohíben, se debería poner coto al nepotismo en la función pública en pro de la transparencia. De ese modo, se evitarían las suspicacias de que tal o cual persona fue designada en un cargo por ser familiar de cualquier funcionario o político y no por su capacidad o sus antecedentes, como debería ser siempre. Se podría estudiar la posibilidad de que todo cargo de envergadura en la administración pública fuese cubierto por concurso abierto. De ese modo, se garantizaría el ingreso de gente idónea. La clase gobernante debe dar siempre el ejemplo de rectitud y transparencia, en especial los integrantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tanto a nivel provincial como municipal.