El 22 de mayo, José María Campagnoli presentó a la jueza María Gabriela Lanz la documentación que prueba cómo 65 millones de dólares salieron de “La Rosadita” (apodo de la compañía financiera SGI); fueron lavados en Suiza; reingresaron al país con el aspecto de títulos de la deuda pública, y se convirtieron en los nueve cheques por más de $ 200 millones que terminaron depositados en la cuenta del Banco Nación -sucursal Plaza de Mayo- de Austral Construcciones SA, empresa de Lázaro Báez.

El 12 de diciembre, Campagnoli fue suspendido en los cargos de titular de la Fiscalía de Instrucción de Distrito de los barrios de Saavedra y Nuñez, y de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos con Autor Desconocido. Previamente, Alejandra Gils Carbó, procuradora general de la Nación y lideresa del movimiento kirchnerista Justicia Legítima, había desplazado a Campagnoli de la subrogancia que este ejerció durante casi dos años en la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 10. En tal carácter, el fiscal suspendido investigó una denuncia por supuesta administración fraudulenta y acabó determinando que Federico Elaskar, ex propietario de SGI, había sido extorsionado. 

Elaskar se hizo célebre después de confesar a Jorge Lanata, periodista y conductor del ciclo Periodismo Para Todos (que emite Canal 13, señal del Grupo Clarín), cómo había sido perpetrada la maniobra de lavado de dinero. Tres días después de la emisión del programa, Elaskar declaró que se arrepentía de haber hablado con Lanata y que había mentido.

Mientras, la Justicia siguió adelante con al menos dos investigaciones -relacionadas con el programa de Lanata- que comprometen a Báez. Por un lado está la pesquisa a cargo del fiscal Guillermo Marijuán por supuesto lavado de dinero en la órbita de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional, que tramita en la unidad judicial de Sebastián Casanello, juez del Juzgado Nº 7. Por el otro, la que llevaba adelante Campagnoli por la supuesta extorsión cometida en contra de Elaskar con intervención de la jueza Lanz. Pero el tribunal de alzada decidió remitir este caso a Marijuán por considerar que los hechos en cuestión estaban intrínsecamente relacionados con el presunto lavado de dinero. Según Campagnoli, Casanello aún no aceptó su competencia respecto de la extorsión.

Luego de la suspensión del titular de la Fiscalía de Instrucción de Saavedra y Núñez, Gils Carbó designó allí a las fiscales Claudia Katok y a la ex funcionaria kirchnerista Cristina Caamaño (fue secretaria de Seguridad durante la gestión de Nilda Garré). En noviembre, la subrogancia en la Fiscalía N° 10 quedó en manos de Carlos Donoso Castex.