BUENOS AIRES.- Mientras desde la Procuración General de la Nación siguen presionando al fiscal José María Campagnoli, a quien someterán a un jury de enjuiciamiento -fue suspendido por pedido de la procuradora general Alejandra Gils Carbó- por su investigación sobre los bienes del empresario kirchnerista Lázaro Báez, siguen apareciendo denuncias que dan cuenta del fuerte y sostenido crecimiento que tuvo el patrimonio del dueño de Austral Construcciones, entre otras empresas en Santa Cruz.

La secretaria letrada de la Procuración, Andrea Pochak, defendió la suspensión de Campagnoli al afirmar que “se le imputa violar su deber de investigar”.

La funcionaria consideró que existe una “fuerte desinformación” sobre las causas por las cuales el Tribunal de Enjuiciamiento decidió suspender a Campagnoli y negó que se lo haya sumariado por querer investigar el ‘caso Báez’. “No se lo acusa por investigar, sino por dejar de investigar o hacerlo mal”, advirtió. Y explicó a ‘Página 12’ que “parte de las críticas que le hacemos al fiscal tienen que ver con posibles irregularidades que generó en el trámite de las causas. El primer cargo que se le imputa es el de violar su deber de investigar”.

Enojo “K”
Gils Carbó -autodeclarada militante kirchnerista- se molestó con su subalterno cuando éste le pidió que “reconsiderara” la suspensión en el cargo, actitud que la Procuradora General no sólo rechazó, si no calificó de “reprochables los agravios institucionales proferidos por el doctor Campagnoli hacia esta Procuradora. La organización jerárquica que posee el Ministerio Público Fiscal exige que los magistrados de inferior rango, mantengan, al dirigirse hacia sus superiores, el decoro que implica la magistratura que ocupan”.

Por todo esto, Campagnoli fue suspendido hace 10 días por el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público a partir de la acusación de Gils Carbó por mal desempeño en el ‘caso Báez’, insistió en que su “único pecado” fue “haber trabajado con libertad e independencia”. “La suspensión alcanza para dar el mensaje buscado: investigar al poder acarrea el riesgo de terminar como Campagnoli”, señaló el fiscal y remarcó que “la lucha por el Derecho nunca es sencilla: tengo la esperanza de que revertiremos la impunidad”. Además, resaltó que “la pretensión de voltear la investigación fue rechazada”. “Me atacan a mí y a la jueza, pero nadie negó los hechos constatados”, apuntó.

Sobre su futuro, Campagnoli dijo que “antes habrá un juzgamiento en el que espero poder ejercer públicamente mi defensa”, pero “no creo que me vaya bien, porque seré juzgado por el mismo tribunal que me suspendió. 

Respecto de la investigación contra Báez, vaticinó que “a la larga se sabrá la verdad”, pero advirtió que “en lo inmediato probablemente no ocurra nada”. “Los poderosos, mientras están en alza, son inmunes a la Justicia. Pero cuando cambia la coyuntura, comienzan a operar los efectos de la investigación. Hay muchos signos que demuestran un alto índice de impunidad en el país, pero también hay un sector que quiere llegar a la verdad”, dijo el fiscal en declaraciones realizadas a LA GACETA y publicadas ayer.

Amparo anti “K”
La diputada nacional del GEN-FAP, Margarita Stolbizer presentó en la Justicia un recurso de amparo contra el “cepo informativo” de la Inspección General de Justicia (IGJ), en el marco de la investigación sobre Báez. En el expediente, Stolbizer solicita que el organismo informe sobre la causa Báez y denuncia “el accionar arbitrario e ilegítimo” de la IGJ, “con la intención de ocultar negocios sucios”. 

“Hace tiempo venimos denunciando que en la IGJ se ha instalado una mafia orquestada, con la intención de frenar los pedidos de información respecto de sociedades vinculadas al lavado de dinero y las coimas que rozan a funcionarios de alto nivel”, sostuvo. 

La diputada hizo referencia a “maniobras armadas para perturbar el funcionamiento del área que debe controlar las sociedades comerciales”. 

Stolbizer afirmó que “los intentos de disciplinamiento del periodismo, para que no diga ni investigue y la manipulación de los fiscales, son mecanismos para tapar las responsabilidades del poder político con los negocios de sus empresarios amigos”. (DyN)