“En 10 años de gobierno de (José) Alperovich el Pacto Social duró un año. La paradoja es que, de acá en más, el Poder Ejecutivo (PE) tendrá un Presupuesto anual, pero los intendentes y delegados estarán supeditados a ser rehenes y extorsionados al humor de la Casa de Gobierno”. El legislador peronista José Orellana, hermano mellizo del jefe municipal de Famaillá, Enrique Orellana, hizo crujir con sus palabras el bloque oficialista “Tucumán Crece” en la sesión de ayer. A sus palabras se sumaron otros dos “compañeros”: el ex diputado Gerónimo Vargas Aignasse y el ex dirigente sindical José Teri. El trío, que en el último mes se fotografió con el diputado bonaerense Sergio Massa, posible referente del PJ disidente de cara a 2015, amagó con rechazar la norma, referida a un sistema de redistribución de recursos clave para el Gobierno provincial.

Al final, el nuevo sector massista cedió ante los discursos de sus colegas justicialistas, y alzó la mano para apoyar el Pacto Social. Pero las críticas cruzadas en esa bancada desnudaron una situación sin precedentes en la gestión actual.

Esta ley habilita al PE y a los municipios y comunas a firmar convenios, que deben ser refrendados por los concejos deliberantes respectivos. Así, la Provincia asegura el pago de sueldos de empleados y/o de obras públicas a cambio de que los gobiernos locales le cedan los recursos que les corresponde por coparticipación federal y otras partidas, como el Fondo de Desarrollo del Interior.

Cuando se creó este sistema, durante la gestión de Julio Miranda (1999-2003), Alperovich era ministro de Economía, y el convenio se ratificaba cada año. Ahora, la Casa de Gobierno incorporó el artículo 3°: “facúltase al PE para que, a través del Ministerio de Interior y/o Secretaría de Coordinación con Municipios y Comunas, se determinen mes a mes los desembolsos a ser erogados; y a tal fin, se podrá requerir previo a dichos desembolsos los informes y documentación que se consideren pertinentes”. Además, el PE puede rescindir el Pacto “en caso de incumplimiento por parte de las municipalidades”.

El vicepresidente del bloque oficialista, José Gutiérrez, defendió la iniciativa. “Debemos hacer memoria de lo que fueron los municipios hasta 1999”, indicó. Y aclaró que el convenio “no es obligatorio”.

Su “compañero” Orellana le replicó que el texto es “un apriete” y que era “vergonzoso en el sentido político”. “Esto de querer apretarnos la manguera entre bomberos es una lástima, es más o menos como formalizar la discrecionalidad política”, expresó el “Mellizo”. Y en un clima tenso agregó: “la lealtad no tiene un precio; lo que debe tener es correspondencia”.

Gutiérrez no se calló, y exclamó que los intendentes deberían haber aprovechado la última década para acomodar sus finanzas.

El capitalino Vargas Aignasse se acopló al famaillense. “No es un regalo ni un favor de amigos; son recursos de los municipios, igual que los planes federales de obras”, aseveró el ex diputado. Más tarde fue el turno de Teri: “el Pacto Social fue un auxilio importante, pero no se entiende por qué ahora se hará mensual”.

Sisto Terán, que era vicegobernador de Miranda cuando se lanzó el convenio, recordó las crisis que se vivieron en las gestiones de Ramón Ortega (1991-1995) y de Antonio Bussi (1995-1999). Llamó a la unidad a sus colegas peronistas y cargó contra la oposición: “ellos prefieren el ajuste”, lanzó.

Ricardo Bussi (FR), hijo del fallecido represor, le contestó. “Nadie pide que se dejen de pagar sueldos, sino responsabilidad al administrar el dinero de la gente”, dijo.

El demócrata cristiano José Páez consideró que la norma es inconstitucional. “Los municipios deben ser autónomos”, protestó. Y el macrista Alberto Colombres Garmendia opinó que será muy difícil para los intendentes y delegados rurales planificar. “El texto tiene un contenido claramente político”, agregó.

Regino Racedo, con tono componedor, les expresó a sus pares del bloque oficial que los intendentes “fueron los grandes mimados de la gestión” alperovichista. “Sólo en Tafí del Valle no fue reelecto (el jefe municipal) en 2011; eso implica que el gobierno no los debe haber tratado tan mal”, sostuvo.

El jefe de la bancada peronista, Roque Álvarez, explicó que un proyecto de ley para convalidar la refinanciación de la deuda de la Provincia con la Nación, que se debatirá el 2 de enero próximo, también se revisará cada tres meses. “Si todos tomamos la postura de la oposición y esta ley se archiva, que el último apague la luz. El no pago de sueldos significaría una provincia inviable. Al Pacto Social no se lo puede sacar de la noche a la mañana”, apuntó. Y se refirió a la “lealtad”. “El gobernador más de una vez ha hecho del gesto toda una institución, mucho mejor que las leyes que nos llegan a veces, y por ahí hemos tenido algunos colegas en desgracia, por alguna situación triste que les tocó vivir, y al otro día de eso, el tercer hermano que todavía está preso, a pesar de que la Justicia dictaminó de tal o cual forma, al otro día el gobernador estaba abrazando a esos hermanos. Eso también es lealtad”, remarcó. Las palabras de Álvarez no cayeron bien entre los massistas, que interpretaron una alusión a Miguel Angel “Piki” Orellana, hermano de los “Mellizos”, quien fue condenado en 2008 junto a un grupo de hombres a prisión perpetua por el crimen de Adrián Mansilla, perpetrado en 2003, en Famaillá. El referente taficeño, tras la sesión, no se habría mostrado conforme con sus propios dichos, ya que su intención aparentemente era la de enfriar la situación.

“Les quiero decir a los que no son del palo que no se confundan: las nuestras no son luchas fraticidas: el que gana conduce, los demás cierran la trinchera y acompañan”, aseguró Álvarez. ¿Será así en 2014?

“El que no quiera entrar al Pacto Social, que no entre”

Sin dar nombres, el gobernador, José Alperovich, respondió a los dirigentes que habían sugerido que el Poder Ejecutivo modificaba el sistema del Pacto Social con el objetivo de extorsionar políticamente a aquellos que se decidan a “saltar el cerco”. “Me extrañaba cuando leía (los cuestionamientos en) LA GACETA, porque no es obligatorio; es voluntario: el que no quiera entrar al Pacto Social, que no entre”, invitó, en rueda de prensa.

El mandatario llamó a los jefes municipales a ser responsables con el erario. “Nosotros venimos ayudando a los municipios hace más de 10 años; dándoles dinero, sin cobrarles interés, en absoluto. Lo que sí, debo decirles a todos los intendentes que deben cuidar el dinero como si fuera propio. No pueden gastar de más; y también deben pagarnos lo que nos deben a nosotros”, advirtió Alperovich.

LA GACETA le preguntó si esta renovación mensual no volvía más burocrático el sistema. “No, no. Mire, este es el momento de cuidar mucho el dinero. Vamos a tener años difíciles; 2014 no será fácil. Y cada intendente debe tener la responsabilidad, así como la tenemos nosotros, de cuidar bien las finanzas”, respondió. Más allá de esto, insistió en el carácter “totalmente voluntario” del acuerdo, al que deben adherir los Concejos. “No obligamos a nadie a que entre en el Pacto Social, el que no quiera estar, que no esté”, dijo Alperovich.