El aumento de los insumos, el incremento del costo salarial, la demora en el cumplimiento del pago por parte de las obras sociales y la inflación generalizada son algunos de los argumentos más escuchados en los consultorios y quirófanos a la hora de cobrar por los servicios médicos.

El plus médico, extendido durante la década del ‘80 tras un fuerte período inflacionario, parece no haberse ido del todo, y amenaza con fortificarse ante la inestabilidad económica actual.

El cobro de un monto extra a pacientes con obra social es ilegal. En 1990, la Legislatura provincial prohibió a los prestadores de salud exigir a sus pacientes el pago de cualquier adicional. Hasta entonces, los médicos, odontólogos y psicólogos, entre otros, habían descargado sobre sus pacientes el incumplimiento de las obras sociales, la falta de actualización de los aranceles y los estragos de la inflación.

No cambió mucho tras la prohibición formal. El plus se siguió cobrando durante toda la década del ‘90, pese a la convertibilidad. En 2001, el Sistema Provincial de Salud de Tucumán (Siprosa) decidió formar un cuerpo de inspectores para patrullar consultorios, detectar a los médicos que cobren el extra y efectivizar las sanciones, que podían llegar a la suspensión de la matrícula profesional. En 2005, seis médicos fueron suspendidos, por primera vez en la historia, por cobrar plus.

Hoy, el Siprosa parece haber abandonado esa batalla. Su secretario ejecutivo médico, Fernando Avellaneda, no quiso formular declaraciones a LA GACETA. No obstante, en el Sistema Provincial de Salud admiten que la gestión actual no se abocó al tema y que dejó de enviar inspectores para monitorear el problema. Las fuentes agregaron que, por ese motivo, no se registraron denuncias concretas.

Gran parte de la realidad económica de los médicos tiene que ver con el Subsidio de Salud, la obra social más importante y que tiene más de la mitad de los afiliados de la provincia. El secretario general de la Asociación de Trabajadores y Empleados de Previsión y Seguridad Social (Atepyss), Andrés Jaime, consideró que la práctica está extendida, en parte, debido a la falta de fiscalización por parte del Instituto. Además, reclamó que pese a que la obra social actualizó siete veces los aranceles durante el año pasado, médicos, sanatorios, institutos de diagnóstico y demás prestatarios continúan cobrando el denominado plus.

El dirigente gremial señaló que el Subsidio de Salud recibe muchas denuncias por infracción a la ley contra el plus. Sin embargo, consideró que no existe voluntad política para combatir el problema. “Los más pobres, los jubilados, los empleados de comunas y los que cobran sus salarios en negro son los más esquilmados por los dueños de sanatorios y de institutos de diagnóstico, además de médicos particulares”, dijo.

En realidad, no está prohibido que un profesional gane más que otros por sus servicios. Si el médico no está conforme con el arancel acordado con la obra social, puede renunciar al convenio y cobrar, directamente, el valor de la consulta que considere correcto. En ese caso, no debería poder atender a pacientes por obra social.

Otro mecanismo que confunde es el del cobro del plus contra entrega de un recibo. Pocos profesionales lo hacen ya que el comprobante puede ser presentado en el Colegio Médico para exigir el reembolso de lo pagado. El presidente de la institución, Carlos Fernández, destacó que el dinero que se devuelve a los pacientes es descontado al médico, que además puede ser sancionado. Reconoció que muchas personas no desean perjudicar a su médico, por lo que no lo denuncian. Sin embargo, destacó que el Colegio está recibiendo cerca de 10 presentaciones por semana.

Fernández negó que la práctica sea frecuente entre los médicos de las afueras del centro. Según el profesional, el cobro del pago extra es más frecuente entre profesionales que atienden dentro de las cuatro avenidas, y que utilizan su prestigio para exigir el pago a sus pacientes. Lamentó que la práctica quiebre la relación médico-paciente, pero advirtió que es muy difícil erradicarla porque los profesionales no entregan recibos y los pacientes no quieren perder a su doctor. Recomendó a la población no pagar ningún tipo de plus y abandonar al médico que pretende cobrarlo. “No tiene sentido que cobren, las obras sociales están pagando bien, en tiempo y forma”, concluyó.

María de los Ángeles Bulacio, presidenta del Círculo de Odontólogos, anticipó que, en el futuro, la controvertida práctica podría cobrar fuerza en el sector. Según la profesional, el 90% de los insumos que utilizan se pagan en dólares y se compran fuera del país, lo que ocasionó que en el último tiempo haya escasez.

Adelantó que están procurando reunirse con representantes de obras sociales para plantear el problema, pero no descartó que los odontólogos intenten cubrir el déficit apelando al cobro del plus en el corto plazo.

Década conflictiva

El nacimiento del plus.- El año 1985 cerró con una inflación de índices exorbitantes. Los aranceles acordados entre las obras sociales y los médicos no se actualizaron y los profesionales comenzaron a cobrar un extra en sus consultas y prácticas. Los siguientes cinco años de subas sostenidas de precio fortalecieron la práctica, que se extendió en la provincia.

La prohibición.- En 1989, la ley que prohibía el plus médico llega al Senado de Tucumán, pero permanece detenida un año y medio. El 20 de diciembre de 1990, la Cámara Baja sanciona definitivamente la norma y el plus pasa a ser ilegal. Establece penas y multas, y prevé la suspensión de los prestadores. Designa al Consejo Provincial de Salud como órgano de aplicación. 

Siprosa y subsidio.- En enero de 2001, el Siprosa designa inspectores para aplicar la ley que ya llevaba una década sin ejecutarse plenamente. En julio de ese año, el Subsidio de Salud firmó un convenio con los prestadores médicos estableciendo las sanciones para los infractores. En 2005, por primera vez en la historia, suspenden a seis médicos por cobrar plus. Los profesionales fueron dados de baja como prestadores en el Subsidio de Salud.