BUENOS AIRES.- La jefa del GEN, Margarita Stolbizer, expresó su preocupación de que la Justicia termine por investigar al vicepresidente, Amado Boudou, por un delito menor en la causa que lo vincula a la empresa Ciccone, mientras aseguró que en la investigación penal “hay suficientes elementos” para avanzar en el enjuiciamiento del funcionario.

“Insisto con mi preocupación de que el Poder Judicial salve esa cuestión solamente con el delito de negociaciones (incompatibles con la función pública), que es el artículo 265 del Código Penal”, alertó Stolbizer, en una entrevista por “FM Latina”, al referirse a la causa judicial en la que está involucrado Boudou por supuestas irregularidades en el rescate de Ciccone, cuando era ministro de Economía.

Stolbizer, además, volvió a acusar al Gobierno de darle “protección política” a Boudou y recordó que, durante la semana pasada, pidió “por un lado el juicio político” contra el vicepresidente por “la causal más genérica de mal desempeño” en sus funciones.

En ese sentido, remarcó que la Constitución establece dos causales para iniciar juicio político a un funcionario, como la comisión de un delito concreto que, en el caso Ciccone, según Stolbizer, “hay pruebas suficientes”, y otra más general por mal desempeño en sus funciones. “Nosotros nos fundamos (para formalizar el pedido) en esta última”, dijo la diputada y aseveró que tanto en esa causa como otra denuncia contra Boudou, por supuesta transferencia de $ 10 millones a la Universidad de San Martín por servicios de prensa, hay razones para avanzar con su enjuiciamiento “por mal desempeño por irregularidades administrativas”.

Explicó que “el solo escrito del fiscal Jorge Di Lello, pidiendo la indagatoria. no habilita el juicio político”; pero aclaró que “la descripción que el fiscal hace en su escrito” sí establece elementos que avalan esa posibilidad.

La causa penal

Respecto a la cuestión penal, dijo haber pedido “al fiscal y al juez que amplíen la causal de la indagatoria, porque el fiscal, que describe correctamente la operatoria, habla solo de negociaciones incompatibles con la función pública” y eso “no es un delito que tenga tanta exigencia”, dado que solo se lo terminaría juzgando por “interesarse por un expediente que pasa por su competencia”.

“Hay que investigar la apropiación de la empresa (Ciccone), la asociación ilícita, la violación de deberes del funcionario público, incluso el cohecho, que se lo indague por la totalidad de los delitos”, reclamó. (DyN)