BUENOS AIRES.- El kirchnerismo, en otro movimiento donde mezcló sus intereses políticos con la Justicia y su independencia, consiguió un triunfo doble en el Consejo de la Magistratura: por un lado, atenuó la situación del juez federal Norberto Oyarbide y, por otro, logró que el organismo cite al también juez Claudio Bonadío por dos viejas causas reflotadas por el secretario de Justicia, Julián Álvarez, también integrante de la Magistratura.

Ambas decisiones fueron adoptadas ayer por la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura, que resolvió citar a ambos jueces federales, en sendos expedientes en los que están acusados de mal desempeño en sus funciones.

En el caso de Oyarbide, la citación fue por el Artículo 11 del reglamento de la Comisión, una invitación a formular su descargo en el marco de la causa, en la que reconoció públicamente y por escrito ante la Cámara Federal, que frenó un allanamiento a una financiera por un llamado de teléfono de Carlos Liuzzi, el principal colaborador del secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini.

La citación de Oyarbide fue votada por los cinco consejeros kirchneristas: Eduardo De Pedro, Álvarez, Carlos Moreno, Ada Iturrez y Manuel Urriza, en tanto que Alejandro Fargosi y el senador radical Mario Cimadevilla se habían inclinado por una convocatoria por el Artículo 20. Incluso, Fargosi había propuesto suspender ayer en sus funciones a Oyarbide, pero no prosperó.

Cimadevilla, a su turno, acusó a los kirchneristas de “encubrir” a Oyarbide, lo que motivó una áspera discusión con Moreno y el senador Nicolás Fuentes, quien pese a no integrar la Comisión estaba presente en la reunión. “¿Por qué lo encubren?, son una vergüenza”, espetó Cimadevilla.

Mal desempeño

En cuanto a Bonadío, fue citado por presunto mal desempeño de sus funciones, ya que se le atribuye “haber incurrido en excesivas e injustificadas demoras” en el trámite de dos causas por hechos de corrupción de los años ‘90.

Con el voto del kirchnerismo y del radicalismo, la Comisión citó a Bonadío a dar explicaciones, el paso previo a decidir si lo suspende en su cargo y lo envía a juicio político, en la causa por la privatización de Tandanor y por los créditos de los bancos Nación y Provincia de Buenos Aires, durante los ‘90, a las curtiembres de la familia Yoma.

La titular de la Fundación Libertad de Expresión + Democracia, Silvana Giúdici pidió “actuar con firmeza en defensa de la Justicia”, ante las dos medidas divergentes del Consejo: la solicitud de un jury de enjuiciamiento para Bonadío y el pedido de “un escrito” al juez Oyarbide. “El magistrado frenó un allanamiento por un llamado desde la Casa Rosada y alcanza con que presente un escrito para justificarse. Bonadío, en cambio, citó a indagatoria a dos funcionarios públicos acusados de malversar fondos y ahora enfrenta un jury”, comparó Giúdici. “Los criterios para evaluar la conducta de los jueces tienen que ver con su cercanía al poder y no con su idoneidad”, añadió.

Fuera de la Justicia

Legisladores de la oposición solicitaron que se dé curso a los pedidos de enjuiciamiento presentados contra Oyarbide. “La independencia del Poder Judicial frente a las presiones del Poder Ejecutivo forma parte esencial del sistema republicano”, indica el texto firmado por los diputados nacionales Manuel Garrido, Adrián Pérez, Laura Alonso y la legisladora porteña Graciela Ocaña. Los legisladores concluyeron que es indispensable que el poder político se mantenga al margen de los procesos judiciales. Sin jueces y fiscales exentos de las presiones del poder político, no tendremos justicia independiente”. (DyN-Télam)