BUENOS AIRES.- El mediático juez federal Norberto Oyarbide, apodado por algunos “El señor de los anillos” -por las vistosas y carísimas alhajas que suele ostentar- genera, por una parte, un fuerte rechazo de muchos de sus pares y de los políticos de la oposición, pero también recibe el apoyo de, casualmente, los gobiernos de turno: desde el menemismo (1989-1999) y hasta el kirchnerismo (desde 2003 hasta la actualidad).

En estos últimos días, el magistrado se vio envuelto en una polémica por la “protección” que recibió del Gobierno nacional -que se dice fue ordenada por la propia presidenta, Cristina Fernández-, luego de reconocer que paró un allanamiento por un pedido que recibió desde la Casa Rosada. En esta investigación sólo deberá llevar un escrito explicativo ante el Consejo de la Magistratura (CM).

Las críticas provienen por cómo se maneja dicho órgano de designación y control de los jueces nacionales, ya que aplicó otro artículo del reglamento de la Comisión de Acusación de Disciplina con el juez Claudio Bonadío, al llamarlo a indagatoria por causas que ocurrieron en los años ‘90, por sólo haber investigado al ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, hoy con un cargo diplomático en la Embajada de Italia.

Por eso, no extraña que Oyarbide reciba fuertes críticas desde el mundo judicial, como es el caso del ex fiscal del juicio a las Juntas Militares Julio César Strassera quien afirmó que Oyarbide “es una vergüenza como juez”. El reconocido jurista acusó al kirchnerismo de “proteger” a Oyarbide, y calificó al magistrado como “una vergüenza de juez”, a la vez que consideró que la causa contra su colega Bonadío se reabrió en represalia. Strassera sostuvo que a Bonadío “le reviven una causa” por la privatización de Tandanor y por créditos otorgados a las curtiembres de la familia Yoma, “porque procesó a Moreno”. “Están protegiendo hoy a Oyarbide, que es una vergüenza como juez. En cambio, reviven una causa contra Bonadío”, enfatizó el ex fiscal.

De esta forma, Strassera se suma a las críticas de otros magistrados, como el fiscal José María Campagnoli, quien advirtió sobre un “doble estándar” en el tratamiento de las causas. “Estoy azorado por ver la manera en que se maneja la Justicia y cómo hay un doble estándar tan nítido, de apretar el acelerador cuando es un enemigo, un opositor o cuando lo ponen como opositor, como es mi caso; y en otros, la lentitud y la invitación a (Oyarbide) a decir lo que quiera”, planteó.

Cierran el cerco

Esta semana la oposición en el CM, de la mano del senador radical Mario Cimadevilla, pedirá que se apruebe un paquete de medidas que en la última sesión quedaron en el camino al no tener la aprobación del kirchnerismo. Entre ellas, la citación como testigos del financista Guillermo Greppi (titular de la empresa Propyme) y del subsecretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Liuzzi -quien llamó y le pidió a Oyarbide que suspensa el allanamiento-, el cruce de llamados entre este último y el juez Oyarbide y la investigación de qué actividad realiza y para quién trabaja la financiera Propyme. Ese pedido de prueba incluye saber detalles societarios y operativos de la empresa. Cimadevilla justificó que Oyarbide “está confeso” porque él mismo informó que Liuzzi lo llamó poniéndolo en alerta del intento de soborno que hubo en el allanamiento y que por eso lo frenó. (DyN-Especial)