Como si fuese una memoria boba, la historia se esfuerza y no consigue recordar un caso semejante al del fiscal Carlos Ramón Albaca. Ningún otro representante del Ministerio Público o magistrado cayó tan bajo en la defensa de lo indefendible: siete años perdidos en la investigación penal preparatoria más sensible para el poder político. Nadie se había atrevido a presentar a la víctima como “una intrépida sexual” suicida y nadie fue -por ello y por su desempeño nulo- tan repudiado por la corporación judicial. Albaca recibió los calificativos de “pervertido” y de “autor de un menoscabo intolerable para la administración de justicia”, y en el ínterin una colega le imputó el haber hecho todo lo que estuvo a su alcance para evitar el esclarecimiento de la muerte de Paulina Lebbos.

Pese a estos récords vergonzosos, Albaca sigue siendo el jefe en la Fiscalía de la II Nominación de esta capital, despacho de turno a partir del próximo 6 de junio. ¿Algún ciudadano se animará a confiar su libertad, sus bienes y sus conflictos en esa institución desdibujada? En diciembre, el funcionario cuestionado presentó la renuncia para librar a los oficialistas de la comisión de Juicio Político de la Legislatura de la incomodidad que acarreaban los pedidos de destitución rubricados por el PRO y la UCR. Esa dimisión condicionada al otorgamiento de la jubilación con el 82% móvil fue rápidamente aceptada por el contador que encabeza la Casa de Gobierno, pero, como la verdad es hija del tiempo, al cabo de cuatro meses se supo que Albaca anda “flojo” de aportes y no puede jubilarse.

En el trámite de la salida elegante, el fiscal que destruyó la pesquisa del caso “Lebbos” se encontró -¿inesperadamente?- con el rechazo de la Anses. Lo que se suponía que iba a ser una solución rápida e indolora (para “Carli” y para quienes lo protegieron) ha mutado en una migraña incombustible. El fiscal renunció para bloquear la destitución, pero la dimisión no puede ser concretada. La Corte se verá con este intríngulis a partir de mañana, cuando se disponga a resolver el sumario administrativo que incineró a Albaca, que en vez de presentar un descargo “asesino” pudo alegar que la investigación interna en cuestión había devenido abstracta como consecuencia de su renuncia.

La decadencia institucional que padece la provincia condena a la comunidad a soportar que un fiscal continúe en su cargo por más que haya cometido todos los “pecados” posibles y pese sobre él la sospecha de encubrimiento. En los hechos, existe un abuso del derecho de renunciar fomentado por la politización a ultranza de los mecanismos previstos para remover al magistrado indigno. Un dato lo explica todo: el Jurado de Enjuiciamiento pergeñado por este Gobierno en la reforma constitucional de 2006 jamás debutó y desde luego no cabe atribuir esa inactividad al funcionamiento intachable del Poder Judicial.

Esta ausencia de resortes justos y legítimos para depurar la Justicia se profundizó en 2013, con el desenfreno persecutorio desatado contra los jueces penales que absolvieron a los imputados del caso “Verón”. Entonces, la Corte interpretó que bastaba la sola presentación unilateral de la renuncia por parte del juez acusado para producir el efecto automático de archivo de la denuncia o pedido de formación de un jury de enjuiciamiento. Esa solución, que lucía justificada en el supuesto del camarista perseguido por el oficialismo, condujo a la impunidad en el caso de Albaca, que goza del beneplácito implícito del Gobierno. Y reveló la necesidad de distinguir entre la renuncia por pérdida grave de salud (verificada en la situación del juez Emilio Herrera Molina); la lisa y llana, y la condicionada. Sólo los dos primeros tipos de dimisión pueden cancelar un proceso de remoción, pero tal matiz no existe ni en la ley ni en la jurisprudencia. Albaca, el fiscal que en forma inédita rompió todos los estándares de lo tolerable, expresa plenamente la iniquidad del sistema.