La situación del fiscal de Instrucción Carlos Albaca, cuestionado por su labor en el caso “Lebbos”, parece haberse complicado con un reciente pedido de juicio político en su contra. Sin embargo, el funcionario judicial aún dispone de resortes para evitar ser acusado ante el Jurado de Enjuiciamiento, y desactivar de esa forma una eventual sanción en el sumario administrativo. Ese mecanismo consiste esencialmente en la presentación de la renuncia lisa y llana, que podría paralizar otra vez el proceso de remoción iniciado en su contra en la comisión de Juicio Político de la Legislatura y, con suerte, tornar abstracta la decisión que potencialmente adoptará la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) en el ámbito del sumario.

Fuentes judiciales comentaron que distintos colegas y colaboradores sugirieron aquel camino “rápido” a Albaca durante las últimas semanas y, especialmente, desde que fue publicado el descargo que este presentó en la investigación interna que ordenó el alto tribunal. En ese escrito, el fiscal de Instrucción de la II Nominación de esta capital se defendió atacando, fundamentalmente, a la víctima Paulina Lebbos, según la consideración de diversos sectores judiciales y políticos. “No se puede aseverar que nos encontremos en presencia de un hecho ilícito (homicidio)”, dijo Albaca. Y añadió que la joven pudo morir por causas naturales como un ataque de asma combinado con el consumo de alcohol o de sustancias tóxicas; la práctica de la autoasfixia durante la masturbación; y la práctica de la asfixia con una pareja. Para abonar estas hipótesis expresó: “Lebbos tenía tendencia a las relaciones sexuales casuales (...), en ocasiones era ‘intrépida’ (...) y capaz de emprender acciones temerarias. Predominaba en ella el ánimo depresivo y casi nada la hacía sentir bien”.

La renuncia lisa y llana subsana el déficit de aportes que impide a Albaca acceder a la jubilación con el 82% móvil. A esta condición había supeditado el fiscal la dimisión que presentó en diciembre y que el gobernador, José Alperovich, aceptó en enero citando la doctrina del fallo “Piedrabuena”. Esta jurisprudencia dispone que la renuncia y la jubilación son derechos humanos inalienables que el Poder Ejecutivo no puede cercenar. La aceptación de la dimisión condicionada paralizó en su momento los pedidos de destitución que acorralaban al ex fiscal del caso “Lebbos” y que resurgieron este mes, luego de que la Corte corroborara que Albaca no podía jubilarse y, por ende, cumplir la condición prometida.

Aunque el gobernador puede optar por no expedirse sobre la hipotética renuncia lisa y llana, y dejar que los procesos de destitución y de sanción sigan su curso en los otros poderes del Estado, fuentes políticas pronostican que Alperovich volvería a facilitar la salida de Albaca del Ministerio Público, esta vez por medio de un acto que surta efectos de inmediato. La contrapartida de la dimisión lisa y llana es que acarrea otra renuncia: la de percibir el beneficio del 82% móvil.

Conservar esa jubilación de privilegio parece difícil y engorroso. Interlocutores de la Anses dudan de que el problema de los aportes pueda solucionarse con un pago extraordinario, como especulan algunas autoridades judiciales. El asunto se complica porque los aportes adeudados abarcan un período que llegaría a los ocho años, plazo que corresponde al tiempo en que Albaca se desempeñó como abogado litigante (la Anses consideró que no corresponde computar los aportes a la Caja de Previsión y Seguridad de Abogados y Procuradores para el cálculo de los 30 años de servicios).

Estas posibilidades contrastan con la versión de que el fiscal, que evita hacer declaraciones sobre su pasado, presente y futuro, estaría dispuesto a permanecer en la organización judicial pese a que esta le soltó la mano hace rato. A más de un interlocutor prometió Albaca en estas últimas semanas que aguantará lo que sea.