“El fiscal Carlos Albaca incurrió en mal desempeño y produjo un menoscabo intolerable para la administración de justicia”, dijo Marta Ignacia Jerez, fiscala de Cámara e instructora del sumario administrativo que inició la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) a partir de las irregularidades que el fiscal Diego López Ávila detectó en el caso “Lebbos”.

“No puede ponerse en duda la tarea que realicé; en mi actuación observé siempre las obligaciones propias de mi función (...); no incurrí en morosidad alguna en el trámite del expediente (...) y si no se aclararon las circunstancias en que Paulina Lebbos perdió la vida fue por razones ajenas a mi persona”, expresó en su defensa Albaca, titular de la Fiscalía de la II Nominación de esta capital y encargado de la pesquisa en cuestión durante siete años.

“El fiscal nunca tuvo el debido control del proceso, ya que, como director de este, disponía de todos los elementos para hacerlo y no procedió en consecuencia (...) Albaca no efectuó un mínimo análisis del caso”, dictaminó Luis De Mitri, jefe de los fiscales.

Todos los actores judiciales que debían intervenir en el sumario administrativo abierto en julio pasado ofrecieron su versión y opinión de los hechos. Sólo resta que la CSJT tome una decisión sobre Albaca, que en diciembre pasado presentó la renuncia condicionada al otorgamiento de la jubilación con el 82% móvil. Ese acto, que en principio pudo librar al fiscal de ser sometido a juicio político y de una sanción en sede judicial, cayó -o, al menos, no surte efecto- como consecuencia de la resolución de la Anses que rechazó el trámite previsional por considerar que Albaca no reúne los aportes requeridos para ese beneficio.

La definición del sumario, que entró en la fase final este miércoles, después del dictamen no vinculante de De Mitri, se presenta como un asunto de prioridad máxima para los Tribunales. La pesquisa interna que complica y compromete a Albaca también incide en la Legislatura: el jueves, el legislador ultraoficialista Sisto Terán, presidente de la comisión de Juicio Político, pidió a la CSJT que remita una copia del expediente.

Antonio Gandur, presidente del alto tribunal, comunicó a este diario que ese mismo día envió la documentación solicitada a Terán, que en sus manos tiene el pedido de destitución contra Albaca que presentó Alberto Colombres Garmendia, legislador del PRO. En febrero, la comisión de Juicio Político había archivado planteos contra el fiscal de la II Nominación y De Mitri por la actuación de estos en la investigación de la muerte de Paulina.

En la Corte parece haber coincidencia en cuanto a la intención de responsabilizar a Albaca por los excesos y presuntas omisiones constatados durante el período en el que dirigió la pesquisa. Este diario pudo averiguar, sin embargo, que entre los cinco miembros del cuerpo existen diferencias respecto de qué decisión tomar. Un sector del alto tribunal promueve la solución de pedir la destitución del funcionario constitucional, como recientemente sucedió en el caso del defensor oficial Gustavo Pereyra (se libró del proceso porque presentó la renuncia condicionada). Otros vocales estarían a favor de una respuesta “ejemplar” y más severa, como podría ser la formulación de una denuncia penal ante un juez de Instrucción para que investigue la supuesta comisión de un delito. Fuentes judiciales pronosticaron que la deliberación será rápida, mas no apresurada, y calcularon que el sumario quedará definido antes de que concluya este mes.