La defensa del sacerdote Justo José Ilarraz prepara el recurso de casación con el que peleará por la prescripción de la causa en la que el cura está acusado de haber abusado sexualmente de al menos 50 niños. El abogado que lo defiende en Tucumán, Jorge Muñoz, se mostró esperanzado en que la Justicia le dará la razón al religioso.

La notificación de la Justicia de Entre Ríos, donde habrían ocurrido los hechos, llegó a manos del sacerdote el miércoles. “A partir de ahí tenemos 10 días para formular un recurso de casación, que se presentará ante el tribunal que emitió la resolución (la Sala I de la Cámara del Crimen) y después en la Corte (de Entre Ríos)”, explicó Muñoz.

La decisión de rechazar la prescripción de la causa no fue unánime. El juez Ricardo Bonazzola votó en disidencia, mientras que Marcela Davite y Marcela Badano desestimaron la posibilidad de que el cura sea sobreseído. “Las dos vocales que rechazaron la prescripción no tienen un sustento legal en sus argumentos”, criticó Muñoz. “Ellas manifiestan que se suspende la prescripción porque estos chicos (las víctimas) se vieron privados de ejercer sus derechos judiciales desde el 98. Es algo insólito”, expresó el abogado de Ilarraz.

Muñoz agregó, en ese sentido, que la defensa también “está evaluando recusar al magistrado de origen, Alejandro Grippo”. El juez de Instrucción Grippo fue quien le tomó declaración a siete ex seminaristas que detallaron los abusos de los que habrían sido objeto por parte de Ilarraz.

Respecto a los pasos a seguir, el abogado del sacerdote aclaró: “es materialmente imposible que mi cliente sea citado a indagatoria porque todavía no está firme la sentencia”. Y reiteró que se presentará el recurso de casación en los próximos días. “Me imagino que va a haber un resultado unánime a favor de la defensa”, vaticinó el letrado.

Por último, Muñoz aclaró que el sacerdote continúa radicado en Tucumán. “No se fue a ninguna otra provincia”, remarcó. Ilarraz –según contó su abogado- está tranquilo y mantiene el contacto con la feligresía de Monteros, donde fue párroco hasta que estalló el escándalo por los supuestos abusos que habría cometido el cura entre los años 1984 y 1992, cuando estuvo al frente del Seminario Menor de Paraná.

El caso se conoció a través de una publicación periodística, donde se revelaba que la investigación interna que se le hizo al cura nunca fue elevada al Vaticano ni puesta en conocimiento de la Justicia ordinaria. Por eso, también deberán declarar los tres últimos arzobispos de Paraná, Estanislao Karlic, Luis Maulión y Juan Puiggari.