“Muchachos, hay que cumplir con las cosas como corresponde. El que se pase de vivo, pagará los platos rotos”. Esa es la advertencia que el ministro de Economía, Jorge Jiménez, asegura que efectúa con frecuencia a los funcionarios que dependen de su cartera y, sobre todo, a aquellos que encabezan áreas encargadas de las obras públicas. Jiménez la citó ayer al opinar sobre la situación procesal del ex titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU), Miguel Ángel Brito.

“Nosotros controlamos absolutamente todo. Pero, hay cosas que mis funcionarios pueden hacer por sí (solos), porque tienen estas leyes especiales (por las que les permiten efectuar contrataciones directas). El que se mande una macana, que pague. Así de claro. Desde el ministerio siempre fuimos transparentes, no tenemos problemas y siempre hemos aportado datos que nos ha pedido tanto el Tribunal de Cuentas (TC) como la Justicia”, se despegó el funcionario.

Explicó que cuando comenzaron a salir en LA GACETA las primeras denuncias sobre posibles irregularidades, dialogó y pidió explicaciones a su ex subordinado. “Hablé mucho con él de este tema. Él da sus argumentos. En general, soy bastante escéptico y me guío por la documentación. Vamos a ver qué dice la Justicia. Uno no tiene que adelantar opinión”, consignó.

Jiménez se mostró molesto y rechazó los cuestionamientos de Brito a los miembros del TC y de la Justicia. “Es parte de la esgrima verbal de la pelea. Él se tendrá que hacer cargo de las acusaciones que hace. Esto siempre pasa cuando hay estos líos. Hay que tratar de sacar la humareda de la hojarasca y ver qué dice la Justicia”, reiteró el encargado de las finanzas provinciales.

Lamentó que este tipo de sospechas recaigan sobre la gestión. “Esto afecta a todo el Gobierno. A nadie le gusta tener estos problemas. Si ha ocurrido todo lo que dicen que ha ocurrido, obviamente no es un problema sólo de él, es de todos. Este Gobierno siempre se caracterizó por la transparencia de todos los actos públicos, no deberíamos tener este tipo de problemas”, reprochó.

Jiménez, sin embargo, aseguró estar tranquilo por la manera en la que trabaja a diario. “Todos mis actos están muy revisados por mi gente y por el TC. No tengo ningún problema. Todo lo que hago, lo revisan 20 personas. Tratamos de cumplir con todas las normas”, concluyó.

En agosto de 2012, Brito renunció a la DAU, luego de que este diario publicara un informe del TC que revelaba sobreprecios en un proyecto de restauración de la fachada de Casa de Gobierno. Poco después, la senadora radical Silvia Elías -entonces legisladora- formuló una denuncia penal, en la que enunció supuestos trabajos que habían sido facturados aunque no concretados, y empresas aparentemente “fantasmas”.

El fiscal de la VII Nominación, Arnoldo Suasnábar, lo procesó por supuesto fraude al Estado, en concurso ideal con negocios incompatibles con la función pública. Parte de las supuestas irregularidades que constan en el expediente surgieron a partir de una auditoría del TC que consigna que, sobre la base de 423 obras realizadas por la DAU, habría anomalías en 89.

Brito cuestionó al fiscal y a los miembros del TC luego de que se conociera el pedido de elevación a juicio, que será definido ahora por la jueza Instrucción de la V Nominación, Mirta Lenis de Vera.