No hay lugar para el optimismo en la percepción que Ricardo Gil Lavedra (1946, Buenos Aires) tiene de la Justicia de Tucumán. “El panorama de la independencia judicial es sombrío”, dictaminó el jurista, ex diputado nacional y miembro del tribunal que enjuició a las Juntas Militares. El también defensor del fiscal José María Campagnoli expresó que la comunidad siente la “dependencia” y que está harta de la corrupción sin sanción. “La gente quiere y necesita jueces creíbles”, resumió.
La oposición, y la comunidad académica y jurídica rodearon a Gil Lavedra, que aterrizó en la provincia para participar de dos paneles: uno con José Cano, diputado nacional por la UCR, sobre independencia judicial y otro con expertos sobre el anteproyecto de reforma del Código Penal. Ambas actividades tuvieron como sede la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, pero la primera fue auspiciada por el Acuerdo Cívico y Social (ACyS), mientras que la organización de la segunda corrió por cuenta del Colegio de Abogados de la Capital.
Gil Lavedra dialogó con LA GACETA en un bar de la esquina de Derecho y mientras la impuntualidad general demoraba la agenda. En la tercera silla se sentó Cano, que por un rato abandonó la mesa de café de los correligionarios. En ese grupo estaba Alberto Lebbos, representante de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad e invitado del ACyS.
La falta de independencia judicial afecta el acceso de la ciudadanía a la Justicia, según Gil Lavedra. “No es una cuestión abstracta. Por eso la sociedad salió a la calle a defender a Campagnoli y por eso su caso ya es emblemático”, explicó. Y dijo que las marchas multitudinarias y las manifestaciones de apoyo exceden el interés esperable para la remoción de un fiscal de primera instancia. “La ofensiva de Alejandra Gils Carbó, procuradora general de la Nación y lideresa del movimiento Justicia Legítima, vale como señal para el resto de los fiscales: el mensaje es nefasto para quienes quieren investigar. Pero el país necesita muchos ‘Campagnoli’”, reflexionó.
La respuesta de Cano
A la hora de analizar específicamente la situación de la Justicia de Tucumán, Gil Lavedra empezó usando un tono prudente: “tengo la sensación de que la provincia padece un sistema de alta concentración de poder con gran injerencia de la política en los Tribunales. Pregunto: ¿Tucumán tiene mecanismos transparentes y objetivos para designar a los jueces?”.
La respuesta salió de la boca de Cano. “Cuando asume en 2003, (el gobernador José) Alperovich cancela el Consejo de la Magistratura limitado que existía hasta entonces y comienza a nombrar jueces con discrecionalidad absoluta. En ese momento, el requisito para ser designado no era la capacidad ni la idoneidad, sino el grado de relación con el ministro de Gobierno y Justicia, Edmundo Jiménez”. Luego recordó que en esa época él era legislador y dijo que nunca dio acuerdo a un pliego de juez: “porque en Tucumán todos sabíamos sobre el compromiso que los nuevos magistrados tenían con el oficialismo. Así entraron a la Justicia, por ejemplo, (el juez) Francisco Pisa y (el fiscal) Guillermo Herrera, que están para cuidar al Gobierno”. Cano dijo que los excesos continuaron incluso cuando fue posible establecer un Consejo Asesor de la Magistratura con composición relativamente equilibrada y capacidad para seleccionar candidatos a jueces en virtud de parámetros objetivos. “En este período hay casos como el de Carlos López, que integró siete ternas para el fuero penal y no fue designado sólo porque trabajó en una fiscalía que investigó al gobernador, a su esposa y a su entorno”, comentó.
La exposición de Cano dio pie a un veredicto para nada halagüeño. “En estas condiciones digo que Tucumán no va a tener Justicia sino impunidad”, pronosticó el miembro de la comisión que redactó el último anteproyecto de reforma del Código Penal. Gil Lavedra volvió a plantear la hipótesis de que el poder no quiere ser investigado: “persigue precisamente librarse de los jueces y fiscales que lo incomodan. La gente debe interesarse en este problema porque lo que en definitiva está en juego es su calidad de vida y su posibilidad de acudir a los Tribunales”.
Un juez solamente puede tomar una decisión que disguste a la mayoría si dispone de independencia. El jurista volvió a repetir aquella idea y se despidió con esta reflexión: “el juez que está muy cerca del poder parece condenado a servirlo, y a olvidar que debe su servicio a la ley y a la sociedad. Los maridajes entre políticos y jueces terminan en ‘enchastres’ y en lo que vemos: impunidad”.