El volante loco que tienen al frente los autitos chocadores de los parques de diversiones parece ser la imagen más adecuada para describir la complicada situación que vive por estas horas el Gobierno argentino.
Nada menos que la presidenta de la Nación, quien sentada en el cockpit y en medio de una situación económica que ya sufría un preocupante declive y que luce cada vez más complicada, deberá decidir antes del día 30 qué hacer en materia de deuda, si es que la justicia estadounidense no prorroga los plazos: cómo cumplir la sentencia del juez Thomas Griesa o si deja el coqueteo y se mete de lleno en el default.
Mal que le pese a Cristina Fernández, el proceso de reinserción en el mundo (venía planificando el Gobierno desde que se asustó porque ya no había con qué para “vivir con lo nuestro” y pergeñó los pagos al Ciadi, Repsol y al Club de París) se salió de carril y hoy se visualiza a la Argentina sobre la pista, pero con el auto a la deriva, sujeto al vaivén de un plazo que inexorablemente se acorta y sufriendo golpes por los cuatro costados.
Pero, además, la dificultad se acrecienta porque el Gobierno tiene que intentar el mal menor sin que se note que se trata de una “negociación”, palabra prohibida en las esferas oficiales por miedo a que se disparen los demonios de la cláusula RUFO, que el ex presidente Néstor Kirchner decidió incluir para incentivar los canjes, con la zanahoria de que a nadie se le podría mejorar posteriormente de modo voluntario aquello ofrecido a quienes hubiesen ingresado.
El término maldito es reemplazado por el eufemismo proceso de diálogo, no con los holdouts sino con el mediador, Daniel Pollack.
Esa intención de acercamiento hasta ahora ha transitado por una sola vía: pedirle a Griesa que reinstaure el “stay” (cautelar) para tratar de llegar a fin de año, lo que el juez ha negado una y otra vez.
Algunos abogados piensan que la Cámara de Apelaciones de Nueva York, por encima del juez, debería poder extender a pedido de la Argentina un “stay” de emergencia y que sólo se necesitarían 24 horas para ello, lo que permitiría transitar el miércoles clave para no caer en default.
También fue el ex presidente Kirchner quien eligió los Tribunales de Nueva York para zanjar conflictos, debido a la necesidad de aquellos tiempos (2005/10) de sumar adhesiones y bajar el riesgo, por lo que una desobediencia a la resolución judicial pondría al país en “desacato”, sobre todo porque el fallo de Griesa fue ratificado por la Cámara y ni siquiera fue revisado por la Corte Suprema de los Estados Unidos.
En medio de todos estos condicionantes, que desplazan el auto a tontas y a locas, el Gobierno juega al límite. Muchos suponen que se deja llevar también por cuestiones internas más sucias, aunque no deberían descartarse: haber elegido a los buitres como abominables rivales, y a Griesa como su aliado, puede tener que ver con evitar una mayor diáspora de militantes o bien con una mejora de la imagen política que algunos dicen habría conseguido la Presidenta.
Entre cimbronazo y cimbronazo, a los analistas se les hace más que dificultoso interpretar los continuos virajes del vehículo, aunque quizás todo sea una genialidad de los funcionarios argentinos para patear la pelota hacia el mes de enero, cuando la RUFO ya no aplique más y se pueda blanquear la “negociación” directa.
El discurso del ministro de Economía, Axel Kicillof, tiene elementos que refuerzan la ambigüedad que, en todo caso, merece la actual situación de bola sin manija, ya sea para no mostrar las cartas a los holdouts o para no desairar el discurso nacionalista interno.
Como es de práctica en el relato kirchnerista, el Gobierno utiliza muchos eslóganes marketineros. Cristina acuñó en la semana el “¿saben por qué no vamos a estar en default? Por una razón muy sencilla, esencial, elemental, tan obvia que no tendría que decirla. Porque en default entran los que no pagan y la Argentina pagó”, y dejó esa semilla para que todos la repitan como verdad incontrastable, aunque parcial.
Efectivamente, el país le giró a los bonistas reestructurados todo el dinero para atender el vencimiento del 30 de junio, pero no pagó la parte que ordenó Griesa: la misma cifra para cubrir a la par a quienes ganaron el juicio.
Muchos profesionales señalan que si se hubiese seguido la orden del juez, la RUFO no sería reclamable porque la mejora a quienes no habían entrado al canje no hubiese sido “voluntaria”, sino obligada por una sentencia.
Este elemento hace que los buitres digan permanentemente que “la Argentina busca seguir ganando tiempo” y lo que le ha dado al país un segundo elemento para plantear exigencias: “Si no aplica la cláusula RUFO que nos den un seguro... total, si no aplica, la prima les va a salir muy barata y van a obtener mucha renta y nosotros quedamos cubiertos, de paso, de que no se nos venga todo encima... y los funcionarios, cubiertos de responsabilidades penales y civiles”, planteó la Presidenta.
La estrategia tiene su razón de ser, explican en el Gobierno, porque si hubiere “negociación” con los holdouts, como estos también tienen bonos que han sido reestructurados con la cláusula RUFO incorporada, inmediatamente van a decir que la Argentina acordó mejorarle a terceros (a ellos mismos en realidad) y van a pedir 100% por esa otra porción, lo que dispararía el fin de los canjes con cifras estrafalarias.
Quizás no falte razón en cuanto a desconfiar de la avidez de estos fondos especulativos que responden a estudios de abogados que hacen juicios para ir por todo, aunque para la porción ideológica del relato, el kirchnerismo le colgó a la pelea el carácter de epopeya.
En cuanto a default en sí mismo (ya sea transitorio, parcial, técnico o como se lo quiera llamar), podría ser una excusa para decir que fueron los buitres y Griesa quienes buscaron horadar el modelo, cosa de justificar las penurias económicas que están cayendo sobre la población, con epicentro en la inflación, la presión impositiva, el costo financiero, la caída en el nivel de actividad, los problemas de empleo, la mayor pobreza, etcétera.
Si se produce el episodio el día 30, las calificadoras bajarán el pulgar y no habrá dinero grande que se pueda esperar de aquí en más, salvo los acuerdos país-país que siempre se pueden hacer y que (como en el caso de Rusia y sobre todo de China) están atados a compras de proveedores de esos lugares, con precios abusivos.
La Presidenta acaba de señalar: “desde el año 2003... ¿cuándo tuvimos acceso al financiamiento internacional?”. Este reconocimiento, al fin, marca una de las debilidades del modelo que, durante los años de Néstor, se las arregló con los superávits gemelos. Pero a medida que se convalidó la inflación y se empujó el consumo con recursos fiscales, esos desvíos empujaron la emisión y provocaron la fuga de capitales, sin contar los errores de política energética.
Dante Sica hizo una evaluación de los dos escenarios hacia el futuro y sus proyecciones marcan no sólo que la cosa viene mal, sino que podría ser peor. Así, calculó que si todo siguiese igual habría una caída del PBI de 1,5%, inflación de 34,5% y reducción del consumo privado real de 1,8%. En cambio, prevé que si hay incumplimiento la baja del PBI se profundizaría hasta 3,5%, la inflación sería del orden de 41% y el consumo podría bajar 3,8%.
Para 2015 marca que si se asume un acuerdo, el año próximo podría exhibir un crecimiento de 1% en el PBI, habría inflación de 26,4% y una recuperación de 1,2% en el consumo privado real. Con la hipótesis de la cesación de pagos, se estima una merma de 0,5% del PBI, inflación de 24,1% y caída del consumo de 0,8%.
Si esto es lo que Kicillof llama “sembrar miedo sobre el día 30” bueno sería que acepte discutir con sus cifras en la mesa, antes de que el autito chocador se salga del rectángulo por falta de piloto.