Un expediente “desaparecido” y luego “reconstruido nadie sabe dónde”, con varias “inconsistencias” en su contenido, agrega otro manto de sospecha sobre la investigación judicial por el “caso Ciccone”, donde el vicepresidente, Amado Boudou, está acusado de haber influenciado para que la imprenta pase a manos de empresarios amigos y/o socios.

La trama fue develada por el matutino “La Nación”, a través de la investigación del periodista Hugo Alconada Mon. Del estudio del expediente “robado”, surge que dos meses después de que estallara el caso Ciccone (febrero de 2012), manos anónimas robaron de la Inspección General de Justicia (IGJ, dependiente del Ministerio de Justicia) el legajo original de The Old Fund, el misterioso fondo de inversión que se quedó con la imprenta y que era liderado por Alejandro Vandenbroele, presunto “testaferro” de Boudou.

Un mes más tarde, el organismo dio por completada su “reconstrucción”. Pero los documentos y registros que se usaron para hacerlo tienen por lo menos una docena de indicios sobre su falsedad, según surge de copias de libros societarios que cotejó “La Nación”.

Los indicios se centran en los accionistas y apoderados y firmas, fechas y domicilios de quienes aparecen en The Old Fund, como también en los sellos y folios de seguridad que la IGJ debe adosar a ciertos documentos para certificar su autenticidad. Así, si la información reconstruida no es la que constaba en el documento original: ¿qué datos o nombres sensibles había en aquel legajo?

Las inconsistencias más evidentes son las fechas. Es que Vandenbroele, único rostro visible de The Old Fund, se presentó ante una escribana para certificar una asamblea el 28 de febrero de 2012, “tres semanas después de que estallara el escándalo, aun cuando esa asamblea, en teoría, había ocurrido dos años y medio antes”.

Ese 28 de febrero, Vandenbroele le pidió a la escribana, Gabriela Antoniazzi que certificara la asamblea del 1 de septiembre de 2009, en la que se informó que el propio Vandenbroele asumía como “presidente” de The Old Fund. Los libros societarios muestran, sin embargo, que Vandenbroele figuró no como presidente, sino como “accionista”, y así permaneció durante meses, hasta que el fondo holandés Tierras International Investments irrumpió como accionista en la asamblea de, en teoría, el 15 de marzo de 2010. Es que el registro de esta asamblea muestra irregularidades: la fecha en que se celebró aparece tachada en el libro y sobrescrita en “abril”. Pero los vaivenes siguieron, porque en esa asamblea también se resolvió cambiar la sede The Old Fund al estudio del abogado (y ex inspector de la IGJ) Albert Chamorro Hernández, que recién se inscribió en ese organismo el 22 de diciembre de 2010, con otro error: las fechas informadas a la IGJ tampoco coinciden con los libros: ni con la fecha original (marzo de 2010) ni con la sobrescrita (abril de ese año).

Por entonces, el desembarco de The Old Fund en la ex Ciccone no había comenzado. Pero el “asesoramiento” al gobierno de Formosa ya había fructificado. Es que Boudou, entonces ministro de Economía, firmó una “adenda” (apéndice o nota añadida a un escrito para aclarar, completar o rectificar su contenido) el 11 de marzo y Vandenbroele cobró $ 7,6 millones el 21 de mayo.

Para acrecentar las sospechas sobre la autenticidad de los libros de la sociedad, Vandenbroele sólo los entregó a la Justicia en junio de 2012. En ese acto, Vandenbroele no presentó uno clave: el de “depósito y asistencia de asambleas”. Sólo aportó una copia, en papel suelto, de una sola asamblea, acaso la más relevante y cuestionable del legajo reconstruido: la del 29 de octubre de 2010. Ese día, 48 horas después de la muerte del ex presidente Néstor Kirchner, se modificó el control de The Old Fund: se retiró el accionista minoritario Sergio Gustavo Martínez -amigo de José María Núñez Carmona y prófugo de la justicia de EEUU-, mientras que el fondo holandés pasó a repartirse la sociedad por mitades con la firma uruguaya Dusbel SA.