En un intento de enmendar el hecho de que el acusado de un homicidio esté prófugo porque el empleado de una fiscalía adulteró el expediente, el ministro Fiscal Edmundo Jiménez le pidió al gobernador José Alperovich que ofrezca una recompensa para quien aporte datos concretos que posibiliten la captura de Raúl Esteban Ortega, imputado por el crimen de su cuñado José Luis Poma. Además, denunció penalmente a los empleados que habrían participado de la adulteración de las declaraciones.

El homicidio había ocurrido en abril pasado en el barrio Tagusa de Aguilares. De acuerdo con lo que dijeron los testigos (entre los que se encontraba la madre de la víctima, Gladys Albarracín), Ortega le había dado una puñalada a Poma por la espalda, luego de una discusión.

La causa recayó en la fiscalía de Instrucción de la I° Nominación del Centro Judicial Concepción, que en ese momento se encontraba acéfala. Cuando el fiscal subrogante Jorge Echayde evaluó las declaraciones que estaban en el expediente, caratuló la causa como homicidio simple y ordenó el cese de prisión de Ortega.

Ante esta situación, la madre de la víctima se dirigió a tribunales para saber por qué lo liberaron, y descubrió que le habían modificado su declaración y la de otros testigos. Cuando Miguel Ángel Varela asumió la titularidad de la fiscalía, separó al empleado Guillermo Molina, quien sería el responsable de la adulteración.

El fiscal Varela cambió la carátula a homicidio agravado por alevosía y pidió la detención de Ortega, lo que fue ordenado por el juez de Instrucción de la I° Nominación del Centro Judicial Concepción, Guillermo Acosta. Pero a esa altura, el acusado ya se había fugado.

“La familia de la víctima y los vecinos de Aguilares reclaman justicia. Es evidente el interés público si, de un error en la tramitación de una causa, se produce la libertad de un homicida que en la actualidad se encuentra prófugo”, argumentó Jiménez en la nota que el martes le envió al gobernador para que ofrezca la recompensa.

Denuncia a empleados

El ministro Fiscal también decidió que se investigue a Molina y a todo el personal que pudo haber intervenido en la adulteración de las declaraciones de los testigos del crimen. Por ello, remitió las actuaciones a Mesa de Entradas Penal del Centro Judicial de Concepción, para que el fiscal de Instrucción de la IV° Nominación, Edgardo Sánchez, determine si hubo encubrimiento, violación de medios de prueba, adulteración de documentos y otros delitos.

La Corte Suprema de Justicia de la provincia ya había iniciado un sumario administrativo en contra del empleado Molina, quien fue suspendido por 40 días y luego trasladado a la Biblioteca del Centro Judicial Concepción.